Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, países integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, deploraron la decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar de la nacionalidad y de otros derechos a los 135 presos políticos que lograron salir de ese país, por mediación estadunidense, y se encuentran en Guatemala.
“Enfatizamos que, de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta”, se manifiesta en un comunicado la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, el cual fue difundido en las redes sociales.
Hizo un llamado a Nicaragua para “que restablezca los derechos de sus ciudadanos”.
A los 135 políticos, además de revocárseles la nacionalidad también se les confiscó sus bienes. La decisión fue del Poder Judicial que se le señala estar al servicio del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las agencias internacionales reportan que el gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018 y desde entonces han sido cerradas unas 5,500 oenegés y sus bienes confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes decomisados.