La economía de México entró en un territorio desconocido e incierto para los negocios y el crecimiento, tras la aprobación de una reforma que convierte al país en el primero que elegirá a todos sus jueces por voto popular.
Calificadoras como Moody’s, analistas y empresarios advierten que la enmienda puede mermar la fortaleza y las finanzas de la 12° economía mundial, al «erosionar» el equilibrio de poderes y debilitar sus instituciones.
El saliente presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, para quien la reforma era necesaria para combatir la corrupción, desestima estas advertencias y presume que su gobierno atrajo cifras «récord» de inversión extranjera.
Andrés Manuel López Obrador. (EFE)
Pero ¿qué implica el cambio constitucional para la inversión, el comercio y el crecimiento?
¿Qué temen los inversionistas?
El núcleo de sus preocupaciones es el temor de ver a un poder judicial deteriorado como contrapeso del ejecutivo y el legislativo, advierte un reporte de Moody’s.
«La nueva ley podría politizar los dictámenes de (…) la Suprema Corte», además de «comprometer la independencia del sistema», señaló la agencia.
El Congreso de México declaró constitucional la reforma del Poder Judicial. (EFE)
Inversores advierten que con jueces dependientes de elecciones «habría una inclinación a tomar decisiones basadas en lo que resuene bien entre los votantes», dice Jason Marczak, vicepresidente del centro Adrienne Arsht para Latinoamérica, parte del think tank Atlantic Council.
Durante el mandato de López Obrador, sentencias de la Suprema Corte y otros tribunales frenaron el impacto sobre las empresas de otra iniciativa legislativa que buscaba ampliar el control estatal del sector eléctrico.
«El sistema judicial ha bloqueado anteriormente cambios legales radicales», subraya Moody’s, que mantiene a México con nota Baa2, dentro del grado de inversión, y perspectiva estable.
Manifestantes contra la reforma judicial. (RFI)
La reforma, sin embargo, supone un «impacto negativo alto» para la calificación soberana, según la agencia.
¿Cómo impactará al comercio?
Los cambios podrían alterar el marco legal del comercio exterior mexicano, altamente concentrado en Estados Unidos y Canadá, sus socios del T-MEC, con los que intercambió mercancías por unos 750.000 millones de dólares en 2023.
La estricta normativa que el tratado establece para sectores como el automotriz o para resolver conflictos laborales, podría ser afectada por jueces más pendientes de los votantes que de las leyes.
Vista de un almacén de cargas varadas hoy en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). (EFE)
Preocupa que «los jueces no tengan en cuenta únicamente la legislación mexicana y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá como parte del T-MEC«, añade Marczak.
La reconfiguración del poder judicial enmarcará también una revisión del T-MEC, prevista para 2026.
«Ya iba a ser una revisión muy polémica, pero si le sumamos esta enorme reforma (…) eso hará que México sea mucho más vulnerable», apunta Carlos Ramírez, socio de la consultora Integralia.
¿Qué significa para el «nearshoring«?
Los cambios en el sistema judicial «serían particularmente perjudiciales» para las futuras inversiones de relocalización de empresas desde Asia a México, advierte Moody’s.
Esta tendencia, conocida como «nearshoring«, busca aprovechar las mejores condiciones logísticas y geopolíticas que México ofrece para abastecer al mercado estadounidense y se erige como gran esperanza para impulsar el crecimiento en el largo plazo.
Manifestantes en el Senado de México protestan por la reforma de jueces. (RFI)
Aunque resulta improbable que estos flujos de inversión se detengan del todo, expertos consideran que la reforma podría enfriar el entusiasmo de muchas empresas.
«Las reformas aportarán un nivel adicional de cuestionamientos en los directorios» de las compañías, preocupados por la certidumbre jurídica de sus inversiones, señaló Marczak.
López Obrador resta importancia a estos pronósticos y asegura que 2024 será «el año con más inversión extranjera en la historia de México«.
¿Frenará el crecimiento?
Eventuales perjuicios a la inversión y el comercio afectarían finalmente el crecimiento esperado del PIB, que antes de la reforma ya fue recortado por Banco de México (central), de 2,4% a 1,5% para este año y de 1,5% a 1,2% para 2025.
Pancartas contra la ley de reforma judicial durante una sesión en una sede alternativa del Congreso mexicano en la Sala de Armas de la Ciudad de México. (RFI)
«Es muy posible, por la reforma al Poder Judicial, que la economía mexicana caiga en un largo estancamiento» y no se descarta una «recesión», señaló vía X Gabriela Siller, directora de análisis del banco BASE.
Como augurio, el peso mexicano tocó mínimos de dos años justo antes de la aprobación parlamentaria, pero rebotó luego impulsado por tomas de ganancias.
La firma Oxford Economics señala que aunque la reforma no mermará inmediatamente el crecimiento, enfriará la inversión privada, que podría caer hasta 12% por debajo de lo previsto, arrastrando con ello al PIB.
Moody’s, en tanto, coincide en que «un shock de confianza prolongado» frenaría la inversión empresarial y reduciría el crecimiento después de 2025.