La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que repatrió a 7,027 extranjeros sin documentos durante los operativos de interdicción realizados en los últimos siete días.
Según una nota de prensa, con la cantidad se eleva a 76,000 el número de personas repatriadas desde el 2 de octubre pasado, cuando el Gobierno dispuso una política migratoria más estricta contra quienes no cumplen con las regulaciones migratorias dominicanas.
Explica que las detenciones fueron realizadas por la dirección de control migratorio de la DGM, en trabajos coordinados con miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional y la unidad militar Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran).
«Del 3 al 9 de diciembre, se repatriaron 3,118 personas a Haití por los puntos fronterizos de Elías Piña (1,270), Jimaní (810), Pedernales (535) y Dajabón (503)», detalla la entidad.
Los otros 3,909 indocumentados fueron devueltos desde los centros de control establecidos en Haina (2,193 personas), Santiago (1,097) y Dajabón (619), señala el documento.
“En estos lugares se aplican procedimientos que incluyen la toma de huellas dactilares, fotografías y nombres. También se verifica si son reincidentes y las veces en que han sido conducidos a su país de origen”, indica.
Informa que las repatriaciones “se ejecutan respetando la dignidad de los detenidos, acatando los valores fundamentales y con todas las garantías del derecho nacional e internacional”.
Migración informó, además, que seguirá cumpliendo la ley y destacó la importancia de salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, procurando que todos los inmigrantes, sin importar su procedencia, estén debidamente documentados y registrados.
Defiende política
El Gobierno dominicano ha sido criticado a nivel internacional por las masivas deportaciones indocumentados hacia Haití, país que vive una crisis por el terror de las bandas armadas que controlan su capital Puerto Príncipe.
Sin embargo, las autoridades criollas han indicado que están ejerciendo el derecho de velar por la seguridad nacional a fin de evitar el éxodo de personas, incluyendo a miembros de las bandas, hacia el lado dominicano.
El Ejército y demás instituciones han fortalecido la vigilancia en la línea fronteriza y han ordenado la captura de traficantes de indocumentados y militares que aceptan soborno para cruzar inmigrantes hacia el país.