La fiscalía colombiana reactivó el miércoles las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ante la “gravedad de los actos criminales” perpetrados en el Catatumbo, en el noreste del país, donde al menos 80 personas han muerto en la última semana.
Los 31 miembros del ELN habían sido cobijados con el beneficio de suspensión de las órdenes de captura desde 2022 cuando iniciaron los diálogos de paz con el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro, dentro del marco de su política de paz total con la que pretendía disminuir la violencia en el país.
Sin embargo, el presidente suspendió la mesa de negociación la semana pasada en rechazo a la violencia desatada en el Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El mandatario también anunció que declarará el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica para atender la situación en Catatumbo, lo cual le dará facultades extraordinarias para modificar leyes, así como limitar algunos derechos temporalmente.
Personas desplazadas por ataques guerrilleros que han matado a decenas y obligado a miles a huir de sus hogares, llegan a una escuela que sirve como refugio temporal en Tibú, Colombia, el martes 21 de enero de 2025. (AP FOTO/FERNANDO VERGARA)
Muertos y desplazados
Además de las decenas de muertos, la estatal Defensoría del Pueblo calculó que en la última semana se han desplazado forzosamente del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, más de 32,000 personas.
La fiscalía dijo que los “actos criminales” del ELN contradicen la “participación genuina y comprometida en el proceso de paz”.
Las órdenes de captura se reactivaron para Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN, y los miembros de la delegación Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias y Silvana Guerrero. Así como al máximo jefe de la guerrilla Eliécer Herlinto Chamorro, alias “Antonio García”.
La violencia, que el gobierno ha dicho que está impulsada principalmente por el ELN, se desató por un intento de tomar control sobre el territorio del Catatumbo y de sus economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas han dicho que existía una tregua entre los dos grupos armados que se rompió.
Entre los muertos las autoridades han reportado al menos siete firmantes de paz del acuerdo con las antiguas FARC y la ONU verificó el asesinato de dos defensores de derechos humanos.
«Condeno los asesinatos —que constituyen un ataque contra la paz en sí misma— y hago un nuevo llamado para que los grupos armados cesen toda acción que ponga en riesgo a la población civil, incluyendo a líderes y lideresas comunitarias y a firmantes de paz«, dijo el miércoles Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York, en la sesión en la que revisa trimestralmente la aplicación del acuerdo de paz con las FARC y el proceso con el ELN.
Ruiz Massieu explicó que los últimos eventos en el Catatumbo muestran que la violencia “puede ser devastadora” tanto para las víctimas como para el propio entorno de las conversaciones de paz, porque “erosiona la confianza y la legitimidad” entre las partes y de la sociedad en la negociación.
Chamorro dijo el lunes en X, antes Twitter, que la guerrilla no tiene entre sus políticas matar a firmantes de paz. No obstante, justificó que sí actúan cuando “algunos desmovilizados sean personas activas y en armas nuevamente, realizando actividades bajo un mando militar”.
El ELN fue fundado en 1964 inspirado en la revolución cubana y ha intentado infructuosamente en media docena de ocasiones llegar a un acuerdo de paz con el Estado.