Las pandillas podrían hacerse con el control total de Puerto Príncipe, la capital de Haití, si la comunidad internacional no aumenta su apoyo a las autoridades locales, advirtió este miércoles el secretario general de la ONU, António Guterres.
«Cualquier retraso o laguna operativa en la prestación de apoyo internacional en materia de seguridad a la policía (…) conlleva el riesgo de un colapso catastrófico de las instituciones nacionales de seguridad», advirtió Guterres en un informe.
En el texto, el jefe de la ONU, señala que «esto permitiría que las pandillas invadan toda el área metropolitana, lo que provocaría un colapso total de la autoridad del Estado y haría insostenibles las operaciones internacionales en el país».
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad «todavía no está plenamente desplegada. Su capacidad operativa para apoyar a la policía nacional es, por tanto, limitada», añade, por lo que pide que se refuerce «inmediatamente» en personal, equipamiento y financiación.
El Consejo de Seguridad dio luz verde en octubre de 2023 a esta misión dirigida por Kenia para apoyar a la policía local, desbordada por la violencia de las bandas.
Hasta ahora han sido desplegados 600 polícías de los 2.500 que había prometido el presidente keniano, William Ruto.
Según la ONU, las pandillas controlan ya el 85% de la capital donde siembran terror y muerte.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 5.601 personas fueron asesinadas en el pobre país caribeño el año pasado, 1.000 más que en 2023.
Proceso político
En su informe, Antonio Guterres lamenta también los «fallos del proceso político«, que «contribuyeron a crear un clima que hizo posible estas atrocidades».
«Es posible que el país no pueda adoptar las medidas previstas en el acuerdo de gobernabilidad alcanzado el 11 de marzo de 2024. En otras palabras, el objetivo de restaurar las instituciones democráticas para febrero de 2026 está en peligro», afirmó.
Presionado por los ataques concertados de las bandas, el entonces primer ministro Ariel Henry dimitió en marzo de 2024, dejando el país en manos de las autoridades de transición. Más de un millón de personas han sido desplazadas en el país por la violencia de las despiadadas bandas, el triple que el año anterior, según Organización Internacional para las Migraciones (OIM).