El Ministerio Público informó este martes que la cantidad de víctimas en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo aumentó a 175, y que otras personas que acudieron a la audiencia en el día de hoy sin haber presentado querella podrían sumarse más adelante al proceso.
«En el día de hoy se han aumentado a 175 víctimas», dijo el fiscal Claudio Cordero, luego de la audiencia de la medida de coerción.
La jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, impuso este martes 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Los arrestados están imputados en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo. El Ministerio Público señala a Giroux de ser el cabecilla de la supuesta red de estafa.
En un comunicado el imputado Alexandre Giroux señala que «su nombre ha sido vinculado a situaciones en las que no tuvo participación ni control», lo que hace necesario esclarecer los hechos y garantizar un proceso justo.
Relató que, hace más de dos años vendió sus acciones en Novasco Real Estate. «Como parte de su compromiso con la transparencia, firmó un pagaré con pagos escalonados, lo que garantizaba que no recibiría dinero hasta que los clientes obtuvieran sus propiedades«, señala el comunicado.
Dijo también que no figura en el registro mercantil ni en la administración de Novasco.
Sin embargo, el fiscal Cordero dijo que la versión de Giroux es «estrategia de defensa». Cordero explicó que el Ministerio Público logró demostrar que se trató de un entramado y que Giroux salió del mismo con la intención de aparentar y evadir la responsabilidad de no haber entregado los proyectos en la fecha estipulada, agosto de 2023.
«Realmente se le allanó el 7 de febrero de 2025 y se le ocuparon todos los documentos originales de la empresa, que él dice que había salido hace dos años», enfatizó el fiscal.
En relación con Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue apresada el pasado 15 de febrero en Colombia, Cordero informó que aún se encuentra en el proceso de extradición y que no ha decidido si la acogerá voluntariamente o si postergará su decisión.
Acusación
En el momento en que presentó la acusación, el Ministerio Público informó que 122 personas, además del Estado dominicano, fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual involucraba la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, la autoridades dicen que la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Entre las víctimas identificadas se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y cuatro canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Además, el Ministerio Público considera que el Estado dominicano también fue afectado, debido a la evasión de impuestos y otras obligaciones legales por parte de los acusados.
Cómo operaba la red
La acusación establece que la estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia RE/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes. Los acusados promovían proyectos como «Romana Victoriana Residences», un supuesto complejo de lujo con precios atractivos.
El Ministerio Público señala que los involucrados difundían información engañosa a través de redes sociales, utilizando imágenes y descripciones persuasivas para atraer inversionistas. Los compradores realizaban transferencias bancarias confiando en la reputación de la marca RE/MAX, sin saber que las propiedades nunca serían construidas. Como resultado, quedaron sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.
Las autoridades continúan avanzando en el caso, con la finalidad de garantizar justicia para las víctimas y «recuperar los fondos ilícitamente obtenidos por los responsables».
El 7 de febrero pasado, la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha la Operación Guepardo.
El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a la supuesta red delictiva.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con la supuesta estafa, entre otros.