La firma del presidente Luis Abinader de un decreto que declara a bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas ha generado cuestionamientos entre juristas. 

Algunos consideran que la medida es inconstitucional, por sus implicaciones jurídicas, y sopesan los posibles efectos diplomáticos.

El abogado penalista Cándido Simó fue uno de los primeros en rechazar la disposición. Afirmó que la definición de «terrorismo» no puede ser establecida unilateralmente por un país, ya que este término requiere el respaldo de convenciones internacionales.

«Eso es buscarse un pleito con quien no se está metiendo contigo, porque esos grupos armados, como los denomina el derecho internacional, están cometiendo actos violentos en su país, no en el nuestro», señaló. Agregó que el concepto debe abordarse dentro del marco internacional y que, en el caso de República Dominicana, solo podría definirse mediante una convención bilateral con Haití.

«Este decreto choca con las normas internacionales porque no se hace por decreto, sino por convención. Además, contraviene las convenciones internacionales y evidentemente es inconstitucional, porque el presidente está asumiendo por decreto funciones legislativas y judiciales», afirmó.

Posibles repercusiones

Simó advirtió que la medida podría generar repercusiones políticas. Según él, declarar terroristas a grupos que operan en Haití y no en territorio dominicano podría provocar confrontaciones innecesarias con estas bandas. Además, podría afectar a ciudadanos dominicanos que viven o hacen negocios en Haití, en sectores como el transporte de productos y la venta de combustibles.

También recordó que el principio de territorialidad de las leyes penales impide juzgar en República Dominicana actos cometidos en Haití contra haitianos, salvo que haya un vínculo directo con ciudadanos dominicanos. «La ley penal es territorial. Un acto cometido en Haití, en principio, no puede ser juzgado aquí, a menos que involucre a dominicanos», explicó.

La penalista Laura Acosta se sumó a las críticas. Afirmó que la propuesta del presidente Abinader carece de fundamento y recordó que, según la Constitución y las leyes nacionales, el presidente no tiene autoridad para ordenar la persecución o el arresto de personas sin una orden judicial.

«El presidente no puede tomar decisiones unilaterales sobre la persecución de individuos. Esa es una competencia exclusiva del Ministerio Público y debe estar respaldada por un tribunal», declaró.

Acosta subrayó que los tribunales dominicanos solo pueden juzgar hechos ocurridos en el país, salvo excepciones específicas que involucren a nacionales dominicanos o afecten la seguridad nacional. También cuestionó la necesidad de activar por decreto organismos antiterroristas como el Consejo Nacional Antiterrorista, creado por la Ley 267-08.

«La ley ya establece los mecanismos para sancionar el terrorismo. No se justifica un nuevo decreto«, afirmó.

Marco legal

El abogado Carlos Balcácer sostuvo que la clasificación de estos grupos como terroristas no necesariamente tendría implicaciones legales para República Dominicana. Explicó que la ley antiterrorista nacional exige requisitos específicos para considerar un acto como terrorismo, entre ellos el financiamiento de actividades del grupo y la intención de generar terror y alterar el orden público.

«Para que un acto sea clasificado como terrorismo en nuestra legislación, debe haber una organización con el propósito de alterar el orden y causar terror en la población, además de contar con respaldo financiero», dijo Barcácel. Añadió que algunos grupos haitianos podrían tener vínculos financieros en el país, aunque no existen pruebas claras que los relacionen con actos terroristas en territorio dominicano.

La Ley 267-08, que formaliza la legislación antiterrorista en República Dominicana, establece como prioridad la prevención, detección y erradicación de actos terroristas. También ordena la coordinación de esfuerzos entre los poderes públicos y las instituciones del Estado.

Según esta legislación, el terrorismo se considera una amenaza grave para la democracia, la seguridad nacional y las relaciones internacionales, con un impacto significativo en el desarrollo económico y la estabilidad de las naciones.