El expresidente peruano Pedro Castillo fue trasladado el jueves desde la cárcel donde permanece prisión preventiva hasta un hospital de Lima por presentar una descompensación en su salud, tras iniciar el lunes una huelga de hambre en protesta por el juicio por rebelión en su contra.
El tribunal de la Corte Suprema que lo juzga informó al inicio de la sesión del jueves que Castillo, de 55 años, fue enviado a un hospital por presentar una “descompensación” y para descartar un “trastorno hidroelectrolítico y una deshidratación leve”.
Castillo inició el lunes una huelga de hambre en protesta. La fiscalía ha pedido 34 años de cárcel por el presunto delito de rebelión, abierto en su contra por su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2021 para evitar una votación de destitución y gobernar por decreto.
El expresidente está en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que leyó un discurso ante las cámaras de la televisión pública para gobernar por decreto y en el que no fue respaldado por las fuerzas de seguridad.
Fue detenido a la salida y la justicia ordenó tres años de prisión preventiva en su contra mientras es procesado por rebelión.
El Congreso lo destituyó ese día y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo tres meses de protestas en los Andes que dejaron 50 civiles fallecidos.
Juicio calificado como “pantomima”
El expresidente ha calificado el juicio de “pantomima” y ha cuestionado a Norma Carbajal, una jueza del tribunal que lo juzga, por haber adelantado su opinión. Solicitó que sea reemplazada.
Castillo se ha negado a tener una defensa legal en el juicio y su primer abogado gratuito renunció. Ahora tiene a otros dos abogados gratuitos a quienes también ha rechazado.
El martes otro informe de la agencia que administra las cárceles peruanas indicó que los médicos de la fiscalía habían diagnosticado a Castillo con “una ligera deshidratación” en el segundo día de su huelga de hambre.
El profesor rural que llegó al poder en 2021 también enfrenta otra investigación en la fiscalía por actos de presunta corrupción durante su gobierno, que incluyen ascensos irregulares dentro del escalafón militar y la designación de un consorcio para construir un puente sin respetar supuestamente las bases de un concurso.
