El proyecto de ley que elaboró la Junta Central Electoral (JCE) para reglamentar las candidaturas independientes podría atravesar un camino rápido y fácil hacia la meta de su aprobación en el Congreso Nacional dado el consenso, al respecto, entre los partidos políticos. Pero el ciclo podría repetirse y la norma ser atacada de nuevo en el Tribunal Constitucional (TC).

Alberto Emilio Fiallo-Billini advirtió que lo objetaría ante el TC tan pronto como sea promulgada la propuesta redactada por la JCE en colaboración con los partidos políticos y llevada el martes al Congreso.

Fiallo-Billini es la persona que anteriormente atacó la Ley de Régimen Electoral después de que la JCE rechazara en 2024 su inscripción como candidato independiente a senador por el Distrito Nacional. Obtuvo una sentencia que modificó los artículos que lo obligaba a cumplir los mismos requisitos que los partidos. 

El alto tribunal sugirió que “la legislación establezca requisitos mínimos para la postulación de candidaturas independientes, garantizando con esto la seriedad y viabilidad de estas postulaciones (página 118)”. 

Para responder a este mandato, la JCE elaboró el Proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de candidaturas independientes con requisitos que, a juicio de Fiallo-Billini, son más complicados que los exigidos a los partidos y contradicen el fallo del TC.

162 mil firmas

A los candidatos independientes se les pediría recolectar las firmas de al menos el 2 % de las personas inscritas en el padrón electoral nacional.

No obstante, la Ley de Partidos (33-18) requiere para la formación de una nueva organización las firmas de al menos el 2 % de los “votos válidos emitidos en las últimas elecciones”. 

Este detalle marca una gran diferencia, porque el padrón electoral se componía de 8,145,548 personas en el 2024 y la cantidad de votos emitidos fue de 4,365,147, casi la mitad.

Esto “resulta abusivo y el doble de lo que tienen que buscar hoy los partidos políticos, lo cual coloca en situación desigual al candidato independiente frente al partido político”, alega Fiallo-Billini.

A la recolección de firmas se agregan tres exigencias: el proceso debe completarse en 30 días, en el listado debe figurar un 2 % del padrón electoral en cada provincia y los firmantes no pueden aparecer en el padrón de un partido político. 

Fiallo-Billini asegura que este último requerimiento nunca se impuso a las candidaturas independientes en las leyes electorales del 1926, 1962, 1997, 2019 y 2023.

“El hecho de que una persona figure en un padrón no significa que no pueda dar su firma para apoyar a un candidato independiente, porque no está siendo parte, sino que simplemente está dando su aprobación”, argumenta. 

En la pieza que propuso la JCE los postulantes deben participar desde una asociación cívica que será disuelta tan pronto pase el proceso electoral, pero debe constituirse y registrarse según las exigencias de la Ley 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro.  

Tendrían que obtener un Registro Nacional de Contribuyente (RNC) en la DGII, tener un domicilio y abrir una cuenta bancaria, entre otros.  

“La JCE, de manera violatoria a lo que ha dicho la sentencia, cambia la palabra agrupación cívica por asociación cívica y obliga a cumplir los requisitos de las organizaciones sin fines de lucro, lo cual es someterlos a un rigor que no somete a los partidos políticos”, analizó el abogado Fiallo-Billini.

• Esas asociaciones cívicas no recibirían financiamiento público, podrían presentar un máximo de tres candidatos por nivel de elección, no podrían sustituir a un funcionario electo en caso de fallecimiento y no tendría derecho a las diputaciones nacionales ni las del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Volvería al Tribunal Constitucional

El político afirmó que volvería al TC para exigir la anulación en caso de que esta pieza se convierta en ley y cuestiona la imparcialidad de la JCE en su accionar frente a los partidos y los que buscan una oportunidad en las candidaturas independientes. 

“Llama la atención que la JCE, que es un ente que recibe fondos y los reparte en los partidos, tenga algún interés en que los candidatos independientes no reciban financiamiento público, eso te dice un poco qué está pensando la JCE y cuál es el nivel de parcialidad que tiene”, remarcó. 

Consenso

Los diputados Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Rafel Castillo, de la Fuerza del Pueblo (FP), dijeron estar conformes con el proyecto presentado por Junta Central Electoral y dispuestos a levantar su mano para aprobarlo. Confían en que el texto no entra en conflicto con la Constitución y el dictamen del TC. 

Díaz aseguró que esta ley vendrá a resolver el “tollo” que hizo el TC con su decisión. 

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo, la JCE ha salvado el tollo que hizo el Tribunal Constitucional. Esto le está dando un sentido a una figura que no era necesaria, porque ya la ley la contemplaba, pero dado el tollo que hicieron, esto le da una perspectiva de orden para que el proceso pueda ser viable”, manifestó el legislador peledeísta. 

En ese mismo orden, Castillo indicó que la iniciativa encontró un “buen ambiente en la Cámara de Diputados” y que “hay consenso entre todos los bloques para que sea aprobada lo más rápido posible”.