El gobierno del izquierdista Gustavo Petro busca lograr con una facción guerrillera en el suroeste de Colombia lo que no ha conseguido con la guerrilla activa más antigua del país: el inicio del proceso de entrega de armas y el tránsito a la vida civil.
Un paso hacia su prometida “Paz total” que aún está lejos de cumplir su meta.
Los Comuneros de Sur eran desconocidos hasta hace unos meses por la mayoría de los colombianos.
Estaban en un amplio organigrama de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, en armas desde 1964, por lo que el nombre de Comuneros empezó a resonar hace cerca de un año cuando rompieron filas del mando central y se sentaron a dialogar con el gobierno por separado.
Petro llegará el sábado hasta Pasto, capital del departamento de Nariño, a presentar los avances de la mesa de diálogo, que incluyen un decreto para que la fuerza pública reciba, registre y luego destruya el material de guerra —que incluiría artefactos explosivos y armamento— de Comuneros de Sur en un plazo de tres meses.
De nueve mesas de negociación abiertas en la política de “Paz Total” de Petro, que incluyen diálogos simultáneos con cuatro grupos armados ilegales y cinco bandas de crimen organizado, la de Comuneros del Sur es la primera que se acerca a la entrega de armas, un avance que aún lo deja lejos de su objetivo de paz: librar al país de la violencia.
La política de paz no se encuentra en su apogeo, están suspendidas las negociaciones con el ELN desde enero por una ola de violencia al noreste del país y se levantó de la mesa la mayor parte del Estado Mayor Central, disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al histórico acuerdo de paz firmado en 2016.
“En orden de magnitud, Comuneros del Sur es un uno de nueve problemas. Y en términos de la conformación de los grupos armados, estamos hablando de una muy reducida y marginal parte de ellos», aseguró a The Associated Press, Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz.
Las autoridades calculan que Comuneros del Sur tiene aproximadamente 250 alzados en armas que operan en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Mientras que el ELN en todo el país puede superar los 6,000.
Entre la esperanza y la incertidumbre
A medida en que se adentra en las carreteras rodeadas por majestuosas montañas de Nariño, las escasas casas en el camino tienen marcas de siglas de grupos armados: ELN y FARC. Pueden ser antiguas o más recientes, la zona ha estado en disputa armada por décadas.
Es la vía entre Pasto y Samaniego, un municipio con baja presencia estatal en el que sus pobladores han tenido que lidiar con los armados y muchos cultivan hoja de coca para sobrevivir.
Giovanny Cárdenas, consejero municipal de paz de Samaniego, se detiene para hablar en un poblado cercano en medio de una fuerte lluvia, acerca de la esperanza que representa para su pueblo una eventual desmovilización de Comuneros de Sur y los miedos que genera ese tránsito.
“De llegarse a finiquitar el diálogo entre Comuneros del Sur y el gobierno nacional, ¿Cuál es la estrategia que se tiene para proteger un territorio de que no se repita la misma historia?”, se pregunta Cárdenas en diálogo con la AP.
“Porque pues de nada nos serviría que se vaya un grupo y llegue otro y seguir en la misma guerra”, agrega.
El acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC no acabó con la violencia. Otros grupos armados ocuparon el territorio de la guerrilla y se disputan el control de las economías ilegales.
Los retos que se avecinan
La mesa de diálogo con Comuneros del Sur significó tensión con el ELN, debido a que la guerrilla acusó al gobierno de sembrar divisiones internas al supuestamente infiltrar esa facción, así que avanzar más supondría también alejar al ELN de retomar las negociaciones ya maltrechas.
Pero el gobierno está apostando a lo que ha denominado “paz territorial”, que consiste en concentrar esfuerzos en zonas convulsas para lograr acuerdos más rápidos que ayuden a la población, en vez de privilegiar por largas negociaciones con las estructuras a nivel nacional.
“Comuneros del Sur es la única esperanza de un proceso que pueda culminar en este gobierno”, aseguró Arias. “Pero quedan por resolver dos grandes temas: los derechos de las víctimas y la forma jurídica que van a adquirir”, agregó.
Colombia adquirió con el proceso de paz con las FARC amplia experiencia en transición a la vida civil y creó un Tribunal de Paz para juzgar crímenes del conflicto con sanciones que no implican cárcel.
Sin embargo, aún no se conoce públicamente cómo sería el tránsito a la vida civil de Comuneros del Sur, ni quién los juzgaría en caso de que abandonen las armas.
