En el año 2024, los juzgados de Instrucción de la República Dominicana recibieron 158 acusaciones relacionadas con violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, según datos del Poder Judicial obtenidos a través de Libre Acceso a la Información.
Sin embargo, de todas estas denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia, lo que evidencia dificultades en el proceso judicial contra este delito.
Las cifras revelan que Dajabón es la provincia con mayor cantidad de denuncias (51 casos), seguida por Monte Cristi (16), Valverde (12) y Santiago (11).
Otras provincias como San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Constanza, El Seibo e Independencia reportaron muy pocas denuncias.
Por otro lado, provincias como La Romana, Peravia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, María Trinidad Sánchez y Pedernales registraron entre una y cuatro querellas.
Mientras que Santiago Rodríguez, Samaná y Azua tuvieron entre seis y nueve denuncias.
Pocos casos llegan a juicio
Como se explicó, a pesar de la cantidad de denuncias, solo ocho casos llegaron a la primera instancia.
De ellos, dos corresponden a Santiago Rodríguez y dos al Distrito Nacional.
Las demás acusaciones avanzadas en el proceso pertenecen a La Altagracia, Montecristi, San Pedro de Macorís y Santiago, con un solo caso en cada una.
Deportación y reincidencia
El exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, aseguró que todos los haitianos en condición irregular que son deportados, retornan debido a la falta de una política coordina de los poderes del Estado.
Para Taveras, las estructuras que contribuyen a la inmigración haitiana ilegal, son dominicanas con la cooperación de los haitianos, “eso lo comprobé mil veces”.
“Sin los militares de las fronteras, eso no es posible hacerlo, pero las estructuras no son necesariamente compuestas por militares, hay civiles”, puntualizó.
Medidas del Gobierno
El Poder Ejecutivo depositó el lunes, a través del consultor jurídico, un proyecto para robustecer, ampliar y hacer más eficaz la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La propuesta consiste en modificar los artículos 2,5,6 y 7 de la normativa.
Con el mencionado proyecto, se busca endurecer la pena con hasta 40 años de prisión.