En octubre del año pasado, la Dirección General de Migración (DGM) comenzó la implementación de un plan de control migratorio en la República Dominicana, con el objetivo de repatriar semanalmente a 10,000 ciudadanos haitianos en situación irregular.
Desde el año 2021 han sido repatriados cerca de un millón de haitianos, destaca el director de la institución, Luis Rafael Lee Ballester, en entrevista desde su despacho para Diario Libre.
Solo en el último año se ha alcanzado la cifra de 200,000 personas despachadas. La meta semanal de 10,000 deportaciones es posible, asegura, el vicealmirante Ballester, gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/15/91225672-da1f-4216-9b28-71fa3c78d33d-e093afa3.jpg![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/15/91225672-da1f-4216-9b28-71fa3c78d33d-e093afa3.jpg)
“La meta, objetivo, que se nos pasó es de repatriar diez mil nacionales haitianos semanales que estén en condición irregular en el territorio nacional a sus respectivos países a través de los diferentes puntos de control fronterizo. A raíz de esto, nosotros hemos iniciado la gestión, realizamos el plan estratégico institucional, hicimos una evaluación de las capacidades existentes con que contaba la Dirección de Migración», explicó.
Interdicción migratoria
Para hacer frente al desafío, la DGM diseñó un plan estratégico institucional y presentó una propuesta de fortalecimiento estructural al Ejecutivo, que incluyó la expansión de su presencia en provincias clave como Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Barahona, entre otras.
Migración también ha reclutado nuevo personal y adquirido vehículos –60 camionetas, 50 camiones y 8 autobuses– para optimizar los operativos.
Combate a la corrupción
Enfrentar la corrupción dentro del organismo ha sido otra prioridad, según plantea Ballester. Se creó la Dirección de Asuntos Internos, que trabaja junto a unidades de contrainteligencia para investigar irregularidades relacionadas al tráfico de indocumentados.
Hasta la fecha, más de 100 empleados han sido destituidos por faltas graves, algunos bajo el artículo 84 de la Ley de Función Pública, lo que les impide ser recontratados en el Estado por cinco años.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la DGM es la reincidencia de los migrantes repatriados. Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo que se tipifique legalmente esta conducta como un delito migratorio, lo que permitiría sanciones más contundentes.
Impacto en la economía y el turismo
Frente a las críticas sobre el impacto de las deportaciones en sectores como la construcción y el turismo, el director fue enfático: “La ley no discrimina. Todo extranjero en condición irregular está sujeto a ser deportado”.
Añadió que se está promoviendo la “dominicanización” y mecanización del trabajo en sectores clave como la agroindustria, para reducir la dependencia de mano de obra irregular.
La situación en Friusa y Matamosquitos
Consultado sobre la situación en zonas sensibles como Friusa y Matamosquitos, en Bávaro, aseguró que el control se ha fortalecido y se han hecho más de 130 intervenciones en ese territorio, con la salida de unos 9,000 inmigrantes irregulares.
También desmintió alarmas mediáticas sobre inseguridad, destacando la “convivencia armónica” entre haitianos y dominicanos en esa zona.
Con un presupuesto de 4,000 millones de pesos, la institución ha tenido que reestructurar sus gastos y optimizar recursos propios para mantener operativos activos. Sin embargo, se han solicitado fondos adicionales debido al crecimiento de los requerimientos logísticos y tecnológicos, especialmente en los aeropuertos, donde se proyecta la llegada de 12 millones de pasajeros este año.