La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre retrocesos normativos y tensiones institucionales que afectan la libertad de prensa en República Dominicana, según su más reciente informe de medio año.
El organismo regional subraya la persistencia de incertidumbres legales, la ausencia de avances en la modernización del marco jurídico que rige la comunicación y el surgimiento de propuestas legislativas que podrían restringir el ejercicio del periodismo independiente.
Uno de los puntos críticos señalados es la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962. Pese a que un anteproyecto fue elaborado por una comisión especial hace dos años, este aún permanece bajo estudio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En marzo, el presidente Luis Abinader afirmó que lo enviaría al Congreso Nacional, pero el proceso sigue paralizado. La SIP interpretó esta dilación como un reflejo de «falta de voluntad política o divergencias internas».
Incertidumbres legales
En paralelo, surgieron iniciativas legislativas preocupantes desde el Congreso. Los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz propusieron, de forma independiente, proyectos para regular medios digitales, creadores de contenido e influencers.
Aunque no han sido debatidos a fondo, estos textos generan inquietud en sectores vinculados a la libertad de expresión por el posible impacto sobre la circulación de información en plataformas digitales.
El informe también reseña un episodio que reavivó el debate sobre los límites entre el derecho al honor y la libertad de expresión. En marzo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pidió establecer “consecuencias claras” contra la difamación, tras denuncias de periodistas señalados —sin pruebas— como supuestos agentes de la clausurada Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
Otro punto señalado fue la política de protección de datos adoptada por la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2024, rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). Esta política permitía a los jueces clasificar información judicial como confidencial de forma discrecional, lo que, según la SIP, afecta la transparencia y limita el periodismo de investigación.
A raíz del rechazo, se creó una comisión conjunta entre la SCJ y la SDD para reformular la medida, y se prevé que una versión revisada sea presentada este cuatrimestre.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la controvertida Ley 1-24 que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por considerar que violaba principios fundamentales al otorgar a los agentes estatales facultades excesivas, como requisar datos o citar personas sin autorización judicial.
- La Ley 1-24 fue ampliamente criticada por medios de comunicación, juristas y defensores de derechos humanos.
Libre acceso
Finalmente, la SIP criticó el incumplimiento sistemático de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de instituciones gubernamentales.
Entre los casos destacados se encuentra la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana a entregar información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales, denunciada por Diario Libre, y el reclamo del Listín Diario a Edeeste por el listado de clientes morosos con deudas acumuladas durante años, aún sin respuesta.
