La facilidad con la que la semana pasada hurtaron una pequeña parte del cableado eléctrico que alimenta el Estadio Olímpico Félix Sánchez y se dejó sin servicio una torre de iluminación completa del remozado recinto no es nuevo, pero debe de servir de alerta.
El Gobierno acaba de invertir 950 millones allí para que pudiera recibir la Copa del Mundo sub-17 femenino de fútbol el otoño pasado y destinará otros 342 millones en la pista de atletismo para así completar el parque que acogerá los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre junio y julio de 2026.
Las imágenes que llegaron a Diario Libre muestran la fragilidad de las cajas de registros, demasiada expuestas. El problema pudo ir a mayor y el robo de cables es un enorme desafío en un país que exporta cobre sin que lo explote en su suelo.
Cuesta asimilar que luego de desembolsar una cifra tan alta de dinero público esta no venga acompañada de fortalecer la seguridad para corregir un problema eterno en las instalaciones deportivas del país. La historia nos recuerda que ni siquiera los inodoros se salvan cuando desaprensivos encuentran la oportunidad de operar.
Las federaciones deportivas que albergan sus oficinas tanto en el Estadio Olímpico como en el Parque del Este, que serán el epicentro de los Juegos, no se cansan de pedir más agentes, ante los robos frecuentes y que a menudo tienen que reponer esas entidades, con dinero que originalmente se les gira para otros fines. En ambos centros operan destacamentos de la Policía Nacional, pero el número de agentes y los recursos que estos tienen son escasos.
No hay que esperar un robo mayor para intentar poner candado. Las alertas son para prevenir.
