Los bloques opositores en la Cámara de Diputados se unieron y depositaron este miércoles un proyecto de resolución para interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

El propósito es que respondan ante el hemiciclo a una serie de actuaciones de sus respectivas instituciones que, según denuncian los legisladores, vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

La propuesta fue introducida por los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones opositoras, que alegan que en los últimos meses se ha evidenciado un patrón de operativos policiales marcados por incautaciones de bienes sin orden judicial, entradas a propiedades privadas sin autorización y cierre de negocios por supuestas violaciones horarias sin base legal, lo cual consideran una extralimitación de funciones.

El documento legislativo que sustenta la propuesta de interpelación fue firmado por 32 diputados y establece que estas acciones afectan libertades fundamentales como el derecho a la propiedad, la libre empresa, el debido proceso, la libertad de circulación y la presunción de inocencia.

También advierte que dichas prácticas podrían constituir violaciones a tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la República Dominicana, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre los puntos más críticos del proyecto se encuentran denuncias sobre presuntos abusos de autoridad por parte de agentes policiales, quienes habrían ejecutado operativos “con uso desproporcionado de la fuerza”, incluyendo disparos contra viviendas, establecimientos y vehículos, sin justificación aparente ni consecuencias legales.

Respuestas al Congreso

El vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, señaló que, aunque reconocen que el oficialismo tiene mayoría y que iniciativas similares no han prosperado en el pasado, esta acción responde a su deber constitucional de fiscalización.

Según explicó, lo que se busca es que tanto la ministra como el director de la Policía expliquen ante la Cámara de Diputados las políticas que están ejecutando y su justificación legal.

De su lado, el vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, denunció que se ha vuelto recurrente que la ministra de Interior y Policía actúe “como si estuviera por encima de la ley”.

A su juicio, al liderar operativos sin respaldo judicial ni fundamento legal claro, la funcionaria estaría incurriendo en “prácticas propias de regímenes autoritarios”.

El proyecto legislativo plantea que estas acciones no solo contradicen la Constitución y la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16), sino también la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración pública.

Según argumentan los opositores, el Ministerio de Interior y Policía ha asumido competencias que no le corresponden, como la regulación del ruido ambiental y los horarios de funcionamiento comercial, generando conflictos con otras entidades responsables.

Lo que dice la propuesta

En caso de ser aprobado, el proyecto establece que tanto Raful como Guzmán Peralta deberán comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados en la fecha que se determine y responder sobre los operativos de control del orden público y sus consecuencias legales.