El gobierno del ultraderechista Javier Milei dispuso el miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina que endurecen los requisitos para la obtención de la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas.

La reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas, a partir de lo cual estará vigente. No obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que habilita al Poder Legislativo a anular decretos con el rechazo de las dos cámaras.

Milei, quien llegó al poder a fines de 2023, anunció en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo el endurecimiento de las políticas migratorias. El mandatario es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes . En 2024, el dirigente de extrema derecha ya había adelantado una serie de cambios.

El anuncio se hizo a pocos días de las legislativas del domingo en la ciudad de Buenos Aires, en las que el partido de Milei busca ganarle terreno político al conservador PRO, que gobierna desde hace 18 años.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la actual política migratoria «invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada”.

El portavoz indico a periodistas que el gobierno facilitará la deportación de quienes hayan cometido delitos y que los inmigrantes ilegales y residentes temporales paguen por los servicios de salud públicos.

Previamente, un comunicado oficial dijo que “las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1,700,000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio”, sin especificar cuál es su estatus actual.

Según el último censo oficial de 2022, a esa fecha casi 2 millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población. Las nacionalidades predominantes eran Paraguay, Bolivia y Venezuela.

La reforma “busca instaurar orden” en un sistema que «debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado”, según dijo el comunicado en alusión a las políticas de mano abierta hacia los migrantes de gobiernos peronistas como los de Cristina Fernández (2007-2015).

Referentes de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que es difícil determinar la cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en el país, aunque los distintos programas de regularización aplicados en los últimos años permitieron poner en regla la situación de “alrededor de un millón de personas”.

En lo que se refiere a la salud, el gobierno argumentó que miles de personas llegan desde otros países para acceder gratuitamente a tratamientos e intervenciones quirúrgicas en hospitales que dependen del gobierno nacional, lo que supone un gasto oneroso. Adorni apuntó contra los “tours sanitarios” de personas de países vecinos que “vienen, se atienden y vuelven inmediatamente a su lugar de origen”.

Desde 2024 las provincias de Santa Cruz, Jujuy, Salta y Mendoza ya habían avanzado con la implementación de aranceles para el acceso a la salud pública de extranjeros con residencia precaria o provisoria. En marzo, la ciudad de Buenos Aires tomó el mismo rumbo.

Una ley aprobada en 2003 estableció que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud» a los extranjeros que lo requieran, «cualquiera sea su situación migratoria» para después acotar que las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán asesora «respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”.

• La misma ley deniega el ingreso y la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por la legislación local.