El desarrollo de una norma internacional de derecho está evidentemente centrado en el enjuiciamiento de presuntos criminales de guerra, lo cual implica el respaldo a un proceso penal sólido e independiente.

La implementación de dicha norma también se fundamenta, sin embargo, en la manera en que los acusados son llevados ante la Corte Penal Internacional.

El proceso para alcanzar este objetivo incluye la garantía del debido proceso para todas las personas acusadas ante dicho tribunal. Por esta razón, es indispensable contar con un sistema de defensa robusto e independiente.

La garantía de los derechos del imputado resulta esencial para establecer un proceso de defensa eficaz, y los Estados Partes del Estatuto de Roma podrían verse en la necesidad de adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal.

Los Estados Partes deben asegurar que sus prácticas relativas a los imputados tomen en cuenta la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en esta materia. De lo contrario, podrían comprometer la integridad del proceso y obstaculizar el trabajo futuro de la Corte.

Cabe señalar que uno de los objetivos fundamentales del sistema internacional de justicia penal es fomentar la reconciliación entre los pueblos y evitar actos de retribución colectiva.

Para que ello sea posible, los procedimientos judiciales deben respetar los derechos del acusado, garantizando el acceso pleno a todos los medios de defensa a los que tiene derecho.

Finalmente, se considera que debe existir un debido proceso; de lo contrario, los miembros del grupo al que pertenece el acusado podrían percibir el sistema de justicia como un mero instrumento de venganza organizada.

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