La corte suprema de Brasil alcanzó este miércoles una mayoría de votos entre sus jueces para endurecer las regulaciones de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.
La corte evalúa la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Seis de los once magistrados ya se pronunciaron por una mayor responsabilización de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios.
Estos jueces consideraron que las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
Un juez votó en contra de esta premisa y cuatro aún deben pronunciarse.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes en el máximo tribunal aún debe definir los mecanismos específicos para que las plataformas reciban sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios.
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El bolsonarismo se ha mostrado crítico con este proceso en la corte.
Brasil ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando uno de los jueces supremos, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia.
Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de «perseguir» al exmandatario (2019-2022).