Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario a su hermana Maribel Espaillat acusados de homicidio involuntario por la tragedia del Jet Set, donde fallecieron 236 muertos y resultaron heridos 180 tras el desplome de un techo.
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De igual modo el órgano persecutor solicitó que el caso sea declarado complejo, indicando que cuenta con los elementos de pruebas suficientes para defender su expediente acusatorio de 126 páginas.
La Fiscalía del Distrito Nacional fijó para las 2:00 pm de este domingo la audiencia preliminar de conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
Previo a la llegada del Ministerio Público alrededor de las dos de la tarde de este sábado, el abogado de los hermanos Espaillat, Miguel Valerio, manifestó que cuentan con los presupuestos suficientes para defender a los investigados por homicidio involuntario.
Tras visitar a sus defendidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, Valerio indicó que se trata de un caso por imprudencia, adelantando que en la audiencia preliminar participarán unos 68 abogados.
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Agregó que Antonio Espaillat está de buen ánimo, tranquilo y consciente de su situación, mientras que Maribel Espaillat está en manos de la Procuraduría General de República bajo atenciones médicas.
En ese orden reiteró que sus clientes cuentan con los arraigos suficientes para no sustraerse del proceso que se le sigue, diciendo que espera que la audiencia se lleve con mucha altura respetando a las víctimas de la tragedia.
Antonio Espaillat también recibió la visita este sábado de su esposa e hijos, quienes a su salida de la denominada «Carcelita» del Palacio Nacional no quisieron responder preguntas de la prensa.
El Ministerio Público investiga por el delito de “homicidio involuntario” a Antonio Espaillat y a su hermana, Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó durante una fiesta del cantante Rubby Pérez, el pasado 8 de abril.
Los hermanos fueron dejados bajo arresto el pasado jueves luego de varias horas durante las cuales fueron interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, además de otros fiscales.
El Ministerio Público dijo, en una nota de prensa, que “los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción”.
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Según la legislación vigente, el delito de homicidio involuntario se castiga con prisión de tres meses a dos años, dependiendo de las circunstancias del caso. Además, si el homicidio involuntario ocurre en el ejercicio de una profesión o actividad que requiere especial cuidado, como la medicina o la construcción, la pena puede agravarse si se demuestra una falta grave en el cumplimiento de normas de seguridad.
El Ministerio Público les atribuye haber mostrado una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo de la edificación colapsara y provocara muertes y heridos, como finalmente ocurrió.
El Código Penal dominicano vigente, en su artículo 219, establece dos años de prisión correccional como pena máxima aplicable y una multa que va de veinticinco a cien pesos.
“El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos”, se establece en el citado artículo del Código Penal.
Espaillat llegó a la Procuraduría a eso de la 2:06 de la tarde junto a su hermana Maribel, gerente de la empresa, y a su abogado Miguel Valerio. Luego de esperar en un antedespacho, fueron interrogados por un equipo del Ministerio Público encabezado por el Director de Persecución, procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal del Distrito Nacional, magistrada Rosalba Ramos.
Dejado en prisión
Terminado el interrogatorio, Espaillat fue trasladado por agentes policiales a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerá a la espera de que se le conozca medida coerción relacionada con la tragedia en la discoteca Jet Set.
Paralelamente a la acusación, los Espaillat se enfrentan a 82 querellas, depositadas en la Fiscalía del Distrito Nacional, en las que piden, entre otras cosas, resarcimientos millonarios por los daños a las familias afectadas.
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