El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó su inconformidad con la medida de coerción dictada por el tribunal la madrugada de este jueves contra los implicados en el caso Jet Set, asegurando que la decisión no refleja la magnitud del daño causado a la sociedad dominicana ni a las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril.
«No estamos de acuerdo con la medida impuesta. Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que estos hechos han traído a la sociedad y a las más de 235 personas fallecidas, más de 180 heridas y más de 130 niños huérfanos», declaró Camacho.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso este jueves medidas de coerción de presentación periódica, impedimento de salida y fianza de 50 millones de pesos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.
El alto funcionario del Ministerio Público anunció que el organismo apelará la decisión, al considerar que constituye una afrenta a la memoria de las víctimas. «Esta decisión se burla de las víctimas», subrayó.
Reconocimiento a la investigación y caso complejo declarado
Pese a su desacuerdo con la medida, Camacho valoró que el tribunal reconoció la calidad de la investigación presentada por el Ministerio Público y validó la calificación jurídica del caso. Además, la jueza acogió la solicitud de declarar el proceso como caso complejo, lo que permitirá ampliar los plazos de investigación.
Camacho también destacó que la jueza se sumó al llamado realizado por la procuradora general de la República en torno a la urgencia de una reforma al Código Penal, al considerar que la actual normativa limita las herramientas legales frente a hechos de esta envergadura.
Pasada la 1:30 de la madrugada de este jueves, la jueza Veloz dictó las medidas de coerción. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para Antonio Espaillat y domiciliaria para su hermana Maribel.
La jueza Fátima Veloz impuso una garantía económica de RD$50 millones y presentación periódica, con impedimento de salida para ambos.
La tragedia en el centro de entretenimiento Jet Set es considerada una de las más graves ocurridas en espacios privados del país en las últimas décadas, y ha motivado acciones judiciales por presunta negligencia estructural y responsabilidad penal y civil.