Han pasado nueve meses desde que el Poder Ejecutivo sometió al Senado el proyecto de ley que busca transformar el Código de Trabajo, y la iniciativa legislativa aún no ha sido aprobada.

Lo que se presentó en octubre de 2024 como una reforma moderna, destinada a fortalecer derechos y adecuar la normativa laboral a los nuevos tiempos, continúa en discusión sin una decisión final.

La propuesta, presentada a través del Ministerio de Trabajo, plantea modificaciones sustanciales a la Ley núm. 16-92, vigente desde hace más de 30 años.

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El proyecto se concentra particularmente en los artículos que van desde el 45 al 74, una sección clave que regula las obligaciones y derechos fundamentales en la contratación laboral y que ha generado interés —y tensión— en sectores tanto sindicales como empresariales.

¿Qué buscan cambiar estos artículos?

Artículo 45 al 47: Definen las clases de contratos laborales. La reforma busca actualizarlos para incluir nuevas formas de empleo como el trabajo remoto o por plataformas, además de reforzar los contratos a plazo fijo, por obra o servicio.

Artículo 48 al 50: Regulan la forma y contenido del contrato de trabajo. Se pretende obligar a formalizar por escrito todo vínculo laboral y detallar condiciones esenciales como jornada, salario, funciones y lugar de trabajo.

Artículo 51 al 55: Abordan las pruebas del contrato. Las modificaciones buscan establecer mecanismos más claros para evitar fraudes laborales y asegurar que la carga probatoria no recaiga exclusivamente en el trabajador.

Artículo 56 al 59: Se refieren al período de prueba y la terminación del contrato. La reforma plantea una revisión de los plazos y causales de terminación, incluyendo propuestas para simplificar procedimientos sin afectar derechos adquiridos.

Artículo 60 al 65: Regulan la cesantía. Este es uno de los puntos más debatidos: los sindicatos exigen mantenerla tal como está, mientras sectores empresariales proponen revisar su cálculo y aplicación, especialmente en lo que respecta a las micro y pequeñas empresas.

Artículo 66 al 74: Tratan temas como el trabajo de temporada, el contrato por hora, y otras formas de contratación especiales. La reforma pretende incorporar mayor flexibilidad, sin vulnerar las garantías mínimas del trabajador.

Un proceso que sigue abierto

Durante estos meses, el Senado, bajo la presidencia de Ricardo De los Santos, designó una comisión especial para evaluar la pieza y recibir opiniones técnicas y sociales.

Allí han participado entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Sociedad Dominicana de Abogadas Laboralistas (SODOAL), cada una con visiones distintas sobre el alcance y las consecuencias de la reforma.

Mientras tanto, la espera se hace larga. Sindicatos como la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC) insisten en que “ya es hora” de que se apruebe una reforma que respete derechos históricos como la cesantía.

Del otro lado, representantes de las Mipymes denuncian que el actual Código está lleno de rigidez, burocracia y sobrejudicialización que impiden su crecimiento.

En el fondo, esta no es solo una discusión legal: es un reflejo de las tensiones económicas, sociales y culturales del país. Lo que está en juego no es solo un conjunto de artículos, sino el tipo de relaciones laborales que se construirán en los próximos años en el país.

Por ahora, el reloj legislativo sigue corriendo, y con él, la expectativa de miles de trabajadores y empleadores que aguardan una respuesta definitiva.

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