El boxeador Julio César Chávez Jr. volvió a ocupar los titulares. Esta vez por su detención en Estados Unidos y su inminente deportación a México, donde lo espera una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.
A los 38 años, el hijo del excampeón de boxeo Julio César Chávez se enfrenta no solo a las sombras de su apellido, sino también a un sistema judicial que lo señala como pieza de un entramado criminal.
Fue arrestado en Los Ángeles, California. Su visa de turista, válida hasta febrero de 2024, había expirado. En abril intentó regularizar su estatus migratorio solicitando la residencia permanente, alegando estar casado con una ciudadana estadounidense.
El dato que transformó esa solicitud en un caso federal fue que su esposa había estado vinculada sentimentalmente con un hijo —ya fallecido— de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Para el Gobierno de Donald Trump, la conexión era suficiente para prender todas las alarmas. Para la administración de inmigración, las declaraciones de Chávez Jr. en su solicitud eran “fraudulentas”.
A diferencia de otros escándalos en su historial, este no era un tropezón mediático ni una falla en el pesaje. Era una imputación con nombre y apellido: Cartel de Sinaloa.
Desde diciembre de 2024, Estados Unidos lo había catalogado como una “grave amenaza para la seguridad pública”, aunque en ese momento decidieron no arrestarlo. Esta vez no hubo margen.
Su familia reaccionó con rapidez y tono mesurado. “Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana”, decía el comunicado difundido por la cuenta en X de su padre.
El mismo padre que en más de una ocasión lo había internado en sus clínicas de rehabilitación, en intentos desesperados por rescatarlo del espiral de adicción y desorden.
Caídas deportivas e historia judicial
El expediente de Chávez Jr. parece escrito en reversa. Debutó en 2003 y se coronó campeón mundial del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo en 2011. Lo defendió tres veces. Luego, septiembre de 2012: derrota ante Sergio “Maravilla” Martínez y el inicio de un descenso sistemático.
- En 2013, suspendido por marihuana. En 2015, no da el peso. En 2017, asaltado por dos mujeres tras una fiesta. En 2019, abandona una pelea en el quinto asalto.
En 2021, cae ante Anderson Silva, un peleador de artes marciales mixtas sin experiencia profesional en boxeo. Y apenas el fin de semana pasado, Jake Paul, un youtuber devenido boxeador, lo venció en Anaheim.
Nada parece casual. Las caídas deportivas acompañan su historial judicial. En 2012 fue sentenciado a 13 días de cárcel por conducir ebrio. En 2023, un juez de distrito ordenó su arresto por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.
En paralelo, sus publicaciones en redes sociales lo mostraban en conflictos con su padre y esposa. En algunos videos, los acusó de querer hacerle daño.
Pero esta vez no hay video viral que amortigüe la realidad. La fiscalía general de México confirmó que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente desde marzo de 2023.
- Si Estados Unidos ejecuta la deportación, Chávez Jr. no llegará a suelo mexicano como un deportista en declive, sino como un presunto delincuente con asuntos pendientes con la justicia.
Las últimas declaraciones públicas de Chávez Jr., en una entrevista de 2020, suenan ahora con otro peso: “De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje”. Pero para entonces, ya había perdido más que peleas.
En este punto, la pelea no es por un cinturón, ni por la redención mediática. Es una pugna judicial, cruzada por relaciones personales, vínculos oscuros y una vida que fue alejándose del deporte para instalarse en la crónica criminal.
Su apellido aún resuena en los cuadriláteros, pero ahora también en los informes de migración, en las carpetas fiscales, en los comunicados oficiales.