Este lunes 7 de julio se cumplen cuatro años del magnicidio del último presidente haitiano. El magnicidio de Jovenel Moise sigue sin esclarecerse del todo: decenas de implicados han sido arrestados, entre ellos exmilitares colombianos, empresarios haitianos y exfuncionarios del entorno presidencial.

Haití, como lo advierten desde la ONU y organizaciones humanitarias, ha devenido en un Estado fallido. El control del territorio está cada vez más en manos de pandillas armadas; la violencia se ha disparado a niveles sin precedentes y más de 1.3 millones de personas viven desplazadas dentro de su propio país, en condiciones precarias.

La noche de los disparos

Eran las 1:00 de la madrugada del 7 de julio cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la residencia privada del presidente, en el sector de Pèlerin 5, en Puerto Príncipe. Las cámaras de seguridad fueron inhabilitadas. Los guardias no opusieron resistencia. En cuestión de minutos, Moïse recibió al menos 12 disparos de fusil. Su esposa fue herida de gravedad. El ataque fue tan quirúrgico como brutal.

La versión oficial que emergió en los días siguientes fue caótica: mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad en Florida, con el aparente respaldo de ciudadanos haitianos en el exilio, fueron señalados como autores materiales. Entre los implicados figuraban el médico Christian Emmanuel Sanon, quien aspiraba a la presidencia, y ex informantes de la DEA y FBI que, según reportes iniciales, tenían contacto con algunos de los atacantes.

Condenados

A la fecha, más de 40 personas han sido imputadas en los tribunales estadounidenses y haitianos, pero aún no se ha iniciado un juicio formal en Haití. En medio de ese limbo judicial, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta: ¿quién dio la orden? ¿Por qué? ¿Qué intereses se jugaron en aquella madrugada?

Cinco de los principales implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse han sido condenados a cadena perpetua en tribunales de Estados Unidos, tras admitir su participación directa en el complot.

Entre ellos figura el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, quien confesó haber financiado la operación, adquirido armas y alojado al comando armado. También el exoficial colombiano Germán Rivera García, alias “Colonel Mike”, reconoció haber alterado el plan original de secuestro para convertirlo en un asesinato.

El exsenador haitiano-estadounidense John Joël Joseph fue extraditado desde Jamaica y condenado por facilitar vehículos y apoyo logístico al comando.

A él se suman Joseph Vincent, exinformante de la DEA, sentenciado tras ofrecer asesoramiento político a los conspiradores, y Mario Antonio Palacios, exmilitar colombiano que participó directamente en el ataque armado en la residencia presidencial. Todos recibieron cadena perpetua entre 2023 y 2024.

Vacío de poder

La muerte de Moïse no solo acabó con su vida, sino también con la ya debilitada institucionalidad del país. Para el momento del crimen, el Parlamento estaba disuelto, y su mandato era cuestionado por sectores que alegaban que había concluido en 2021, no en 2022 como sostenía él. No había Tribunal Constitucional. Ni siquiera un plan de sucesión claro.

El entonces primer ministro interino, Claude Joseph, asumió el control provisional, pero pronto fue sustituido por Ariel Henry, a quien Moïse había designado pocos días antes del asesinato, aunque no había llegado a tomar posesión. Henry gobernó por decreto hasta abril de 2024, cuando renunció presionado por la crisis de seguridad. Durante su gestión, no se celebraron elecciones, ni se logró formar un gobierno de consenso.

Mientras tanto, el país fue tomado por las bandas.

Las pandillas: el nuevo poder

De los escombros políticos emergió un nuevo orden: el de las pandillas armadas. Agrupadas en federaciones como el G9, lideradas por antiguos policías como Jimmy “Barbecue” Chérizier, estas bandas han establecido una forma de control territorial que recuerda a un Estado paralelo. Cobran “peaje” a los transportistas, controlan los accesos a los barrios, distribuyen alimentos y armas, y ejercen justicia a su manera.

El caos se agravó a inicios de 2024. En marzo de ese año, una alianza de pandillas lanzó una ofensiva sin precedentes sobre la capital, atacando el aeropuerto, la sede de la policía y varios centros gubernamentales. La comunidad internacional, que había prometido ayuda, tardó meses en responder.

Recién en 2025 comenzó a operar una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia, con apoyo de varios países caribeños. Pero su despliegue ha sido limitado y los resultados, modestos.

Más de 4,000 asesinatos en este 2025

Según la ONU, solo en los primeros seis meses de 2025, más de 4,000 personas han sido asesinadas, incluidas 465 mujeres y menores de edad. Más de 1.3 millones de haitianos han abandonado sus hogares, huyendo de la violencia. La mayoría vive en refugios improvisados, sin acceso a servicios básicos.

La OIM reportó que cientos de miles de habitantes de los departamentos Centro y Artibonite se refugian ahora en albergues precarios debido a que la violencia los obligó a escapar de sus comunidades, con más de 147 mil y al menos 92 mil, respectivamente.

En el norte del país ha aumentado un 80% la cantidad de personas desarraigadas.

Además la violencia sexual también se ha disparado. De marzo a abril, la ONU documentó 364 incidentes, con un total de 378 sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niñas, víctimas de ataques utilizados como instrumentos de terror por las pandillas.

Frente al vacío del Estado, han proliferado los grupos de autodefensa. En principio, surgieron como reacción ciudadana ante los abusos de las pandillas. Pero con el tiempo, algunos se han convertido en brazos paramilitares que ejecutan a sospechosos sin juicio previo.

En los últimos tres meses, al menos 101 personas han sido linchadas por estos grupos. En mayo, 25 personas murieron en un ataque dentro de una iglesia, acusadas de colaborar con bandas criminales. En otro hecho, seis miembros de una familia, incluyendo cuatro niñas, fueron asesinados a machetazos por supuestas alianzas con pandillas enemigas.

La Policía Nacional de Haití, desbordada y mal equipada, ha sido acusada también de cometer ejecuciones extrajudiciales. Solo en 2025, 65 personas habrían sido ejecutadas sumariamente por agentes del orden, según informes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La crisis no es solo política ni social. También es una crisis transnacional de seguridad. Grupos criminales aprovechan la porosa frontera con República Dominicana y las costas haitianas para traficar armas, drogas y personas. El mercado de armas ilegales se ha disparado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha alertado sobre el papel de empresas de seguridad privada, que en algunos casos estarían facilitando el ingreso de armamento a las pandillas. Haití es hoy uno de los países con mayor densidad de armas ilegales per cápita en la región.

La comunidad internacional: entre la ayuda y el abandono

La comunidad internacional ha sido ambivalente. Tras el asesinato de Moïse, condenó el crimen y prometió apoyo. Pero las promesas tardaron en traducirse en acciones. En 2024, bajo presión de Estados Unidos y la ONU, se aprobó el despliegue de una fuerza multinacional liderada por Kenia.

Sin embargo, esta misión enfrenta limitaciones logísticas, falta de fondos y una resistencia creciente por parte de sectores locales. Dos agentes han muerto. La falta de una estrategia política clara, más allá del componente de seguridad, ha reducido su impacto, además de la falta de recursos económicos.

El presidente de Kenia, William Ruto, advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que su país podría «revisar su compromiso» con la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, ante el incumplimiento masivo de los compromisos asumidos por la comunidad internacional.

En una carta enviada al presidente del Consejo, Mohamed Irfaan Ali, y al secretario general de la ONU, António Guterres, Ruto denuncia que menos del 40 % del personal prometido ha sido desplegado y que solo se ha recibido el 11 % del financiamiento necesario para el primer año: unos USD 68 millones de los USD 600 millones estimados.

Por otro lado, la Oficina Internacional de Migraciones y la OIM han incrementado su presencia humanitaria. Más de 3 millones de litros de agua potable han sido distribuidos, y se han brindado servicios de salud a miles de desplazados. Pero estas acciones paliativas no alcanzan para contener una crisis estructural, pero advierte que sus recursos son limitados de cara a un posible incremento de la demanda por los fenómenos atmosféricos.

Haití, sin rumbo

En Haití no hay instituciones legítimas. No hay elecciones previstas. No hay garantías de justicia para el asesinato del presidente ni para los miles de crímenes que se cometen a diario.

La vida en la capital, Puerto Príncipe, se reduce a sobrevivir. Quienes pueden se marchan. Quienes no, resisten como pueden, entre apagones, hambre, disparos y la sombra de la impunidad.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos lo resumió sin rodeos: “Esta crisis no puede convertirse en la nueva normalidad”.