SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso arresto domiciliario a los imputados que integran la estructura criminal del caso Lobo, acusados de recibir sobornos y manipular contratos para favorecer adjudicaciones.
Se trata de los imputados mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; así como el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
También enviaron a arresto domiciliario a los cinco implicados que admitieron los hechos, son estos el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el coronel de la Fuerza Aérea, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, y Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa utilizada por la red para obtener contratos. Mientras, que los que no colaboraron también dictaron impedimento de salida.
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El titular de la dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que no descarta que la investigación resulte una operación Lobo 2.0.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados cometieron actos de corrupción mediante el uso de empresas como Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA, y Magesty Recycling SRL.
El órgano acusador, representado por el director de Persecución Wilson Camacho y la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público cuenta con 336 elementos de prueba que sustentan los presuntos hechos de corrupción cometidos en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.
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