El Senado de la República Dominicana decidió dejar sobre la mesa el análisis de las modificaciones presentadas al proyecto de Ley Orgánica que establece el nuevo Código Penal. Estas reformas incluyen un total de 124 ajustes que buscan fortalecer y endurecer las sanciones, además de ampliar la protección de los derechos fundamentales en el país.

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El senador Cristóbal Venerado fue el encargado de presentar estas modificaciones, que abarcan tanto aspectos de fondo como de forma. Su objetivo principal es actualizar y mejorar el marco jurídico para que las penas sean más acordes con la realidad social y para garantizar mayor protección a las víctimas, especialmente en delitos de alto impacto social como el feminicidio, homicidio, sicariato y violencia intrafamiliar.

Entre los cambios más destacados se encuentra la propuesta para modificar el artículo 73, relacionado con las medidas de seguimiento sociojudicial para agresores sexuales. Se busca eliminar el apartado que menciona el “tratamiento hormonal voluntario” y se añade la inscripción obligatoria de los agresores en un registro controlado por el Ministerio Público, así como la prohibición para que estas personas trabajen en contacto directo con menores.

Las reformas también endurecen las penas por delitos graves contra la humanidad. Por ejemplo, el artículo 86, que tipifica infracciones de lesa humanidad, establece ahora sanciones de 30 a 40 años de prisión y multas significativas. De manera similar, el artículo 87 sobre genocidio amplía la definición y contempla penas igualmente severas para quienes intenten destruir total o parcialmente grupos nacionales, étnicos o religiosos.

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Asimismo, se redefinió el delito de desaparición forzada en el artículo 88, responsabilizando directamente a agentes del Estado o grupos autorizados que privan ilegalmente de libertad y ocultan a las víctimas. Las penas en estos casos van de 20 a 30 años de prisión, y se agravan a 30-40 años cuando la víctima sea especialmente vulnerable, como niños, mujeres embarazadas o periodistas.

En cuanto a los homicidios, las reformas establecen sanciones más severas: el homicidio simple con penas de 10 a 20 años y el homicidio agravado con castigos de 20 a 30 años, junto con multas económicas. Además, se añadieron agravantes para quienes usen sustancias para disminuir la voluntad de la víctima o incumplan órdenes de protección en casos de violencia de género.

Finalmente, se aprobaron modificaciones al artículo 101 sobre la cooperación al suicidio, con penas de 4 a 10 años, que aumentan a 10 a 20 años en circunstancias específicas. Estas reformas buscan reforzar la responsabilidad penal y brindar un marco más sólido para enfrentar delitos complejos y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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