La legisladora advirtió sobre lo que considera una amenaza para la estabilidad de los matrimonios y la presunción de inocencia.
Santo Domingo.– “Cuando la gente se casa es para tener relaciones sexuales. Nadie se casa con una momia ni un robot”, exclamó la diputada Altagracia de los Santos durante el debate en la Cámara de Diputados previo a la aprobación en segunda lectura del nuevo Código Penal de República Dominicana.
La legisladora, terapeuta familiar y sexóloga, criticó el artículo que penaliza las relaciones sexuales no consensuadas dentro del matrimonio.
“¿Cómo va a ser, presidente, que si una mujer amaneció amargada con el marido o viceversa, y luego dice ‘mi marido me violó’, a ese hombre lo metan de 10 a 20 años? ¿Esa es su pareja?”, preguntó De los Santos durante su intervención.
“Eso hay que chequearlo. Ese artículo 135 hay que revisarlo”, insistió.
A juicio de la diputada del PRM el proyecto, tal como está redactado, puede prestarse para denuncias malintencionadas en momentos de conflicto conyugal.
“Eso es para joder a los hombres. Van a haber muchos hombres presos porque las mujeres van a amanecer en fogón porque no lo…”, expresó.
Sus declaraciones causaron revuelo tanto en el hemiciclo como en redes sociales, donde tiene opiniones favor y en contra.
Jornada de más de 16 horas
Las palabras de la diputada se dieron en el marco de una jornada legislativa extensa y cargada de tensiones, en la que la Cámara de Diputados aprobó, alrededor de las 3:00 a.m. del jueves 31 de julio, el proyecto de reforma del Código Penal con 159 votos a favor y apenas cuatro en contra, de un total de 190 diputados presentes.
La aprobación se dio durante una legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 409-25, inicialmente pautada del 27 de julio al 5 de agosto de 2025, pero extendida hasta el 15 de agosto para completar el proceso legislativo.
Sin causales
El proyecto, que contiene 401 artículos, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones feministas, sectores de derechos humanos y juristas, debido a la exclusión de las tres causales del aborto, la falta de tipificación autónoma del feminicidio y la omisión de figuras como los crímenes de odio.
Pese a ello, el bloque mayoritario defendió la necesidad de modernizar el marco penal dominicano, vigente desde 1884, argumentando que se trata de una herramienta esencial para enfrentar la criminalidad y proteger a la ciudadanía.
Ahora, la pieza pasa al Senado, donde continuará el debate en medio de una sociedad cada vez más dividida entre los sectores conservadores y quienes exigen una legislación más progresista y con enfoque de derechos.
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