La Otra Banda, La Altagracia. El director del distrito municipal de La Otra Banda estaría violentando la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) al establecer una tasa fija de RD$75 por hoja para entregar documentos oficiales solicitados por los ciudadanos, sin contar con la aprobación de la Junta de Vocales ni del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey.
El anuncio fue realizado por el cabildo de La Otra Banda mediante un comunicado oficial, firmado por la encargada de Libre Acceso a la Información Pública del cabildo, Emely Almonte García, con fecha del 6 de junio de 2025.
En el documento, el ayuntamiento justifica el cobro amparándose en el artículo 15 de la referida ley, argumentando que se trata de una tasa para cubrir «los costos de búsqueda y materiales para brindar la información».
Sin embargo, el artículo 1 y 2 de la Ley 200-04 establece con claridad que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública de forma completa, veraz, adecuada y oportuna, y que dicho acceso solo puede restringirse por razones de seguridad nacional, orden público, salud o privacidad, sin contemplar el cobro arbitrario de tarifas que no hayan sido debidamente aprobadas por los órganos correspondientes.
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Además, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 176-07, que rige el Distrito Nacional y los municipios, los distritos municipales no tienen facultad para crear arbitrios o tasas, lo cual representa una limitación expresa a las atribuciones de los directores y vocales. Por tanto, esta decisión del director distrital de La Otra Banda constituye una violación directa a la ley y un abuso de poder administrativo.
Fuentes dentro del propio cabildo confirmaron que la medida no fue sometida ni aprobada por la Junta de Vocales del distrito ni por el Consejo de Regidores de Higüey, lo cual agrava la ilegalidad del cobro impuesto a los ciudadanos.
Organizaciones sociales y ciudadanos consultados advirtieron que esta práctica puede convertirse en una forma de obstaculizar el derecho fundamental a la información pública, afectando la transparencia en la gestión y la fiscalización ciudadana.
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