La extracción irregular de agregados en los ríos constituye uno de los grandes desafíos ambientales que enfrenta la República Dominicana y es consecuencia no solo de la destrucción de cauces, sino de casos de impunidad y asesinatos.
Así lo plantea un reciente reportaje del periódico español El País, que denuncia la ilegalidad de las operaciones extractivas en diversos ríos, sobre todo en el Nizao, en la región sur, uno de los más castigados por esta práctica.
“Alrededor de 25 volquetas entran y salen cargadas de agregados —arena y grava que se usan para la construcción—, levantando una nube de polvo entre piedras y charcos estancados, evidencia de un ecocidio que, poco a poco, ha hecho desaparecer el río bajo tierra”, reza parte de la publicación.
El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, resalta que la consecuencia de décadas de explotación irregular ha sido la sobreexcavación del cauce y el colapso de sus márgenes.
Asesinatos y amenazas
Sin embargo, las operaciones extractivas ilegales no solo dejan un impacto ambiental considerable. El artículo del medio español cita el asesinato de Sixto Ramírez, en 1998, tras denunciar la extracción ilegal de una grancera, y el de Francisco Ortiz, ultimado en abril de 2024 en Constanza tras oponerse a la extracción de arena en el río Tireo.
El País señala en la publicación que, durante una visita a la entrada del río Nizao, en la comunidad de El Roblegal, un hombre habría arrebatado el celular de un periodista mientras este intentaba grabar a una retroexcavadora y a una pala que cargaba un camión con materiales.
El medio denuncia que autoridades locales de Pizarrete, en la provincia Peravia, habrían exigido documentos de identidad y “hostigaron” al equipo de periodistas bajo el alegato de derecho a propiedad privada, pese a que en la zona no había letreros que lo indicaran.
En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la extracción sin control de agregados, la presidenta de la Fundación Fondo de Aguas Santo Domingo (FASD), Patricia Abreu, advierte en el reportaje que las comunidades han visto reducidas sus fuentes de agua para consumo y agricultura, “lo que genera desplazamientos humanos y pone en riesgo la seguridad alimentaria”.
Tecnología satelital para identificar infractores
De acuerdo con el medio español, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolla actualmente una plataforma de trazabilidad con tecnología satelital y GPS para identificar a quienes se lucran de la extracción ilegal.
Agrega que, según lo informado por el ministro Paíno Henríquez, Medio Ambiente fomenta programas de restauración ecológica, pagos por servicios ambientales y una reforma legal para endurecer sanciones.