En momentos en los que la economía dominicana necesita de la inversión pública para impulsar su crecimiento, debido a que durante el primer semestre del año solo logró expandirse un 2.4 %, el Gobierno se propone elevar el gasto en el presupuesto reformulado, aunque ello también implica un incremento del déficit fiscal.
A través de una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda y Economía informó que fue sometido al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2025.
“La iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible”, señala.
Sin embargo, este aumento del gasto público trae como resultado un aumento del déficit fiscal, que pasará del 3.0 a 3.47 % del producto interno bruto (PIB) estimado para 2025.
“Este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública”, precisa.
En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a 1,277,364.7 millones de pesos, equivalentes al 16 % del PIB proyectado.
En materia de gastos, el proyecto plantea un aumento neto de 69,740.2 millones de pesos (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a 35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB.
https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/imagen-metro-fdb2ccc6.jpg![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/imagen-metro-fdb2ccc6.jpg)
El Ministerio de Hacienda y Economía explicó que los recursos adicionales para gasto se destinarán a proyectos de inversión, a cargo de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y el de Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Salud, la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, gobiernos locales y otras instituciones.Asimismo, incluye la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, además de recursos adicionales para organismos constitucionales y acciones para mejorar los centros de salud y apoyar la reforma policial.“Este proyecto garantiza el cumplimiento de la regla establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica”, afirmó.
