Construcción de proyecto en El Seibo provoca desalojos de familias

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Alrededor de 40 familias fueron desalojadas en el sector Praderas del Central, en Villa Guerrero, provincia El Seibo, por alegada ocupación ilegal de terrenos donde el Gobierno construye un proyecto habitacional.

Entre los afectados se encuentra Juana Rodríguez, quien aseguró que residía en el lugar desde hacía más de cuatro años junto a sus dos hijos menores de edad. Denunció que no recibió notificación previa del desalojo y que su vivienda, así como un colmado del que obtenía su sustento, fueron derribados.

Rodríguez también afirmó que estaba incluida en una lista de personas a quienes supuestamente se les asignarían viviendas dentro del proyecto, aunque no presentó documentos de propiedad.

Otro de los desalojados, identificado solo como Modesto, indicó que en reuniones previas con autoridades municipales se les prometió que no serían sacados del lugar, promesa que, según dijo, no fue cumplida.

Alcalde explica la situación

Por su parte, el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, explicó a Diario Libre que en esos terrenos se levanta un proyecto de 100 viviendas impulsado por el Gobierno, cuyo primer picazo fue encabezado por el presidente Luis Abinader hace dos años.

Recordó que las primeras 19 casas se construyeron en terrenos donados tras el paso del ciclón Fiona, en beneficio de familias de escasos recursos que habían perdido sus hogares.

El alcalde señaló que las tierras en disputa fueron donadas por el Central Romana, propietario del título, y que una tercera persona creó una supuesta sociedad con la que vendió más de 34 solares de manera ilegal.

“Un grupo de personas se ha dedicado a invadir los terrenos donde se va a construir. El Gobierno debe limpiar la zona, porque incluso se han estado robando materiales de construcción”, manifestó.

Zorrilla agregó que la obra se ejecuta en un espacio protegido con verja perimetral para evitar sustracciones. También recordó que el presidente de la República emitió un decreto que prohíbe la invasión de terrenos estatales y privados.

“El proyecto está diseñado para familias que no tienen casas, para que tengan su propio techo. No se puede apoyar lo mal hecho”, enfatizó el edil, tras asegurar que las autoridades sostuvieron varias reuniones con los ocupantes antes del desalojo, instándolos a salir de manera voluntaria.

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