El miércoles 10 de septiembre de 2025, cinco hombres murieron durante un operativo de la Policía Nacional en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago. Entre las víctimas estaba el barbero José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, conocido en su comunidad por su trabajo en una peluquería del área.
Han pasado más de dos semanas desde la masacre de La Barranquita y, a pesar de las declaraciones de “cero impunidad” de la ministra de Interior y del propio presidente Luis Abinader, la investigación está cubierta por un velo de opacidad. El Ministerio Público anunció que concluyó la fase preliminar, pero no ha hecho público ni un solo documento, peritaje o informe parcial.
La Policía Nacional, que suele dar ruedas de prensa inmediatas en casos de “intercambios de disparos”, en este episodio se ha refugiado en un silencio calculado: no ha explicado con precisión qué hacía la patrulla en esa plaza, bajo qué órdenes actuaba ni por qué terminó muerto un barbero sin antecedentes.
La Procuraduría tampoco ha informado si los videos de seguridad confirman la versión del supuesto tiroteo o, por el contrario, muestran un montaje. El caso ha quedado en una zona gris: se reconoce que hubo irregularidades, pero nadie rinde cuentas ni se presentan imputaciones.
El resultado es que el discurso oficial se contradice con la realidad de los hechos. Se promete “investigación a fondo”, pero las víctimas no tienen rostro en el expediente, los agentes no tienen nombre y las pruebas técnicas permanecen guardadas bajo llave.
La indagatoria preliminar
El 23 de septiembre, el Ministerio Público informó que concluyó la fase preliminar de la investigación. Una fuente vinculada al proceso detalló que los fiscales se centraron en establecer las responsabilidades de los agentes que participaron en el operativo.
Para ello se recolectaron pruebas técnicas, entre ellas videos de cámaras de seguridad en los alrededores de la peluquería donde se produjo la balacera. Se confirmó además que varios agentes del Dicrim permanecen bajo investigación, aunque sus identidades y rangos no han sido revelados de manera oficial, a la espera de la presentación del informe.
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De acuerdo con esa fuente, el Ministerio Público ofrecería en las próximas horas los hallazgos de la pesquisa. Hasta el momento, sin embargo, no se han hecho públicos los resultados de las pruebas técnicas ni la decisión sobre eventuales sometimientos judiciales.
Promesas oficiales
La gravedad del hecho provocó una reacción inmediata desde el Gobierno. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como un hecho “bochornoso” y prometió que “no habrá impunidad”. Aseguró que los agentes involucrados fueron suspendidos y colocados a disposición del Ministerio Público.
El presidente Luis Abinader también se refirió al caso y sostuvo que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”. El mandatario recalcó que, como en otros casos, la posición oficial es que las actuaciones de la Policía deben ser investigadas a fondo y sancionadas en caso de que se compruebe uso excesivo de la fuerza.
No obstante, la falta de resultados concretos ha alimentado la percepción de que la pesquisa avanza con lentitud y bajo un manto de opacidad, distinto al manejo que el Ministerio Público ha dado a otros hechos similares en los últimos dos años.
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Clamor de justicia en Santiago
Mientras tanto, familiares y allegados de Vladimir Valerio han mantenido la presión en las calles. Bajo el lema “¡No serás uno más!”, realizaron vigilias frente a la Gobernación Provincial y marchas hasta el Monumento a los Héroes de la Restauración.
Portando pancartas y coreando consignas, exigen que el caso sea esclarecido y que se limpien las dudas sobre la reputación del joven barbero.
Su hermana, Gabriela Espinal, reiteró que lo que buscan es conocer la verdad: “Queremos justicia divina, pero también justicia de la ley. Si hay algo en contra de mi hermano, que nos lo aclaren y nos den las pruebas”.
«No habrá impunidad”, asegura Faride sobre los cinco hombres ultimados por policías en Santiago
Amigos peluqueros denunciaron la circulación de fotos manipuladas en redes sociales, que intentan vincularlos con los supuestos delincuentes abatidos en el operativo. Consideran que se trata de un intento de criminalizar a Vladimir y a su círculo cercano.
La familia también ha denunciado amenazas y actos de intimidación, incluido el secuestro temporal de una hermana, liberada horas después. Su abogado asegura que lo ocurrido ha aumentado el temor de la juventud hacia la Policía, a la que acusan de abusos sistemáticos.
Con la fase preliminar cerrada, se espera que el Ministerio Público dé a conocer pronto los resultados de su investigación y precise si habrá sometimientos. La expectativa de familiares, activistas y de la opinión pública es que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias y no quede en el archivo de las investigaciones inconclusas.
Por ahora, el expediente de La Barranquita sigue marcado por el hermetismo, la presión social y la incertidumbre de una comunidad que clama justicia por los cinco hombres que murieron el 10 de septiembre.