El Gobierno español aprobó este martes el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, tipificada como un delito contra la integridad moral de las mujeres y penas de prisión de seis meses a tres años.
La propuesta legislativa, que pasará ahora a consulta de varios órganos del Estado, incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal, y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores de edad, sino también a familiares y parejas de las mujeres.
El texto, primera ley integral española sobre este asunto, define la violencia vicaria como «aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes», personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.
Un nuevo artículo del Código Penal también incluye la pena accesoria de prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes.
Políticas de defensa de igualdad
En conferencia de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que esta ley vuelve a poner a España «a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad» cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.
En lo que va de este año, 28 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 1.323 desde 2003, cuando comenzó el registro oficial de casos.
Redondo indicó que la futura norma nace con tres objetivos:
- Proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con «estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan inconcebibles».
- Definir y tipificar la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico.
- Desarrollar el renovado Pacto de Estado en el Parlamento contra la Violencia de Género.
La titular de Igualdad incidió en que el anteproyecto define la violencia vicaria como un aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o la expareja «a través de persona interpuesta».
Son, dijo la ministra, fundamentalmente hijos menores, pero también otros descendientes, mayores con discapacidad a cargo de la víctima, ascendientes, hermanos y parejas o exparejas de la víctima.
En el caso de los hijos menores, son 65 víctimas mortales entre 2013, cuando comenzó el registro oficial de datos en España, y 2025.
Además de los seis meses a tres años de prisión, se incluye como pena accesoria la prohibición de tenencia de armas entre 3 y 5 años.
También obliga a escuchar a los menores de edad antes de decidir sobre el régimen de guardia y custodia, y solo se prescindirá de su intervención como excepción motivada.
Después del trámite consultivo, el Gobierno aprobará el proyecto de ley y lo remitirá al Congreso para su debate y votación.
