El reciente anuncio de Juan Manuel Méndez, mayor general retirado y actual director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de poner su cargo “a disposición” para dedicarse a la política y expresar su apoyo al presidente Luis Abinader, reavivó una discusión recurrente en la República Dominicana: la transición de exmilitares y exfuncionarios de seguridad hacia cargos políticos.
Este fenómeno no es nuevo en la historia del país, sino que se remonta a varias décadas, cuando altos mandos militares, tras su retiro, decidieron incorporarse activamente al ámbito partidario.
En la República Dominicana, la ley impide que los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participen en actividades políticas.
Sin embargo, esta restricción no aplica una vez que se retiran de sus funciones. Así, el tránsito de los cuarteles al ámbito político se convierte en una práctica habitual, en la que exmilitares logran capitalizar su prestigio y redes de contacto adquiridas durante su carrera institucional.
Desde los años 60 hasta la fecha, varios exmilitares han incursionado en la política, adoptando diferentes roles. Entre los casos más destacados se encuentra José Miguel Soto Jiménez, quien, tras su retiro como teniente general y haber sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), fundó el Movimiento V República, una organización que promueve principios nacionalistas y de seguridad.
Soto Jiménez ha combinado su faceta de militar con la de intelectual, participando en la vida política a través de sus escritos y conferencias, además de haberse mantenido activo en el debate público.
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Otro ejemplo es el del general Elías Wessin y Wessin, quien fue un actor relevante en las décadas de los 60 y 70, fundando el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y desempeñando cargos en el gobierno. Aunque sus posturas fueron controvertidas en su momento, su influencia política fue indiscutible durante ese período de la historia dominicana.
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En el caso de Pedro de Jesús Candelier, quien fue director general de la Policía Nacional hasta 2004, su paso de la jefatura policial a la política es otro claro ejemplo de esta tendencia. Después de su retiro, Candelier fundó el partido Alianza Popular y se postuló a la presidencia, sin obtener los resultados esperados, pero manteniendo su presencia en el escenario político como figura relevante del sector de seguridad.
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Más recientemente, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, también exjefe policial, quien milita en el Partido Fuerza del Pueblo. Ha participado en campañas políticas, generando discusión sobre la vinculación de los exfuncionarios de seguridad con el panorama electoral. Aunque no ha ocupado cargos oficiales, su presencia en la política refleja la continuidad de esta dinámica.
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El tránsito de los exmilitares a la política
El paso de los exmilitares al ámbito político está generalmente impulsado por varios factores. Uno de ellos es el prestigio institucional que muchos de estos exfuncionarios han logrado acumular durante su carrera en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Este prestigio le otorga una cierta autoridad moral frente a la ciudadanía, especialmente en temas de orden, disciplina y seguridad.
Además, los vínculos y redes de contacto establecidas durante su tiempo en servicio representan una ventaja al momento de movilizar recursos o apoyo político en ciertas regiones del país. La capacidad de organizarse y movilizar estructuras en territorios locales también juega un papel importante en su incursión en la política.
- El perfil técnico y apolítico que algunos exmilitares mantienen durante su carrera institucional también les permite proyectarse como figuras neutrales o no alineadas ideológicamente, lo que puede resultar atractivo para los votantes que buscan un cambio en la política tradicional.
Desafíos y críticas
No obstante, esta transición no está exenta de desafíos y críticas. En muchos casos, el paso de figuras militares a la política genera desconfianza en ciertos sectores de la sociedad, que pueden ver a los exmilitares como instrumentos del poder de turno, lo que pone en entredicho su independencia política.
En particular, hay quienes señalan que la cercanía de figuras de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional con el gobierno de turno puede comprometer la neutralidad institucional, algo fundamental en un sistema democrático.
Además, la adaptación ideológica de los exmilitares a las dinámicas políticas, que a menudo incluyen clientelismo y debates partidarios polarizados, puede ser un proceso complicado. Los discursos de los cuarteles no siempre encajan bien en la arena política, donde se exige una mayor flexibilidad en la negociación y en la construcción de alianzas.
Otro punto de discusión es el escrutinio ético. Las decisiones tomadas durante el tiempo que los exmilitares estuvieron en servicio, así como las posibles implicaciones de esas decisiones en la política y la sociedad, son a menudo objeto de debate público. En este sentido, el pasado de estos exfuncionarios está constantemente bajo la lupa de los medios y de sus adversarios políticos, lo que puede afectar su credibilidad.
El caso de Juan Manuel Méndez
El caso de Juan Manuel Méndez, quien recientemente anunció su interés por entrar en la política, reaviva el debate sobre la relación entre la administración pública y la militarización de la política. Aunque Méndez ha mantenido una imagen de neutralidad como director del COE por más de 20 años, su decisión de involucrarse públicamente en la política activa ha abierto preguntas sobre los límites entre la gestión técnica y el activismo partidario.
En sus declaraciones, expresó su «apoyo irrestricto» al presidente Abinader, lo que hizo que su figura fuera interpretada como parte de una estrategia política del oficialismo, lo que ha generado debate sobre el uso de cargos técnicos para fines políticos.
Impacto en la democracia
Este fenómeno plantea preguntas sobre cómo la independencia institucional y la confianza ciudadana pueden verse afectadas cuando figuras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se convierten en actores políticos.
La neutralidad de estas instituciones podría estar en juego si se asocia a sus miembros con determinados intereses o partidos. Si bien no existe una prohibición explícita que impida a los exmilitares participar en la política, la forma en que esto se lleva a cabo puede influir en la percepción pública sobre la independencia de las instituciones del Estado.
