El valor del oro alcanzó los 4,000 dólares por onza en los mercados internacionales, una cifra sin precedentes que ha disparado el valor de las exportaciones mineras de la República Dominicana.
Según la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), las exportaciones del sector crecieron un 46 % interanual hasta agosto de 2025, alcanzando 1,568 millones de dólares, con el oro representando el 91 % del total.
El repunte de los precios internacionales, junto con una recuperación sostenida de la producción, ha colocado a la minería entre los sectores más dinámicos de la economía nacional.
Entre enero y agosto, el sector creció 5 %, revirtiendo la caída de -12.5 % registrada en 2024. Solo en julio, el crecimiento interanual fue de 21 %, mientras que las ventas reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aumentaron 78 %, sumando más de 16,700 millones de pesos.
Las recaudaciones fiscales provenientes de la minería ascendieron a 15,205 millones de pesos en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 116 % respecto al mismo período del año anterior.
Inversión extranjera directa
Además, la inversión extranjera directa minera alcanzó 175 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, un crecimiento de 390 %, consolidando al país como un destino atractivo para el capital responsable.
La CAMIPE destacó que este escenario refuerza la necesidad de fortalecer la eficiencia administrativa y la seguridad jurídica en los procesos de aprobación de los Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental, a fin de garantizar que el crecimiento económico se traduzca en sostenibilidad.
El contexto global, con precios históricos del oro y una creciente demanda de minerales estratégicos, abre una oportunidad única para que el país aumente su competitividad regional y diversifique sus exportaciones con estándares de responsabilidad ambiental y social.
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana agrupa 41 empresas del sector metálico y no metálico y mantiene su llamado a convertir este auge en una política de Estado que garantice estabilidad, innovación y beneficios tangibles para las comunidades mineras.