Uruguay se convirtió este miércoles en el tercer país de América en legalizar la eutanasia activa, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley de Muerte Digna, una normativa que permite a las personas mayores de edad con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables solicitar asistencia médica para morir.
El texto, votado por 20 senadores a favor y 11 en contra, había sido aprobado en agosto por la Cámara de Representantes y ahora deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo antes de entrar en vigor. Con esta decisión, el país suma un nuevo paso en su reconocida agenda de derechos sociales.
Un nuevo hito en la agenda progresista uruguaya
Uruguay amplía así un camino iniciado en la última década con leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo (2012), el matrimonio igualitario (2013) y la Ley Integral para Personas Trans (2018).
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, celebró en la red social X que el país “vuelve a ser pionero en agenda de derechos”.
El senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, impulsor del proyecto original presentado en 2020, afirmó en declaraciones a EFE que la medida es “necesaria, liberal y humanitaria”.
“Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final”, explicó.
Por su parte, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet destacó que la ley reconoce “un derecho a decidir” y que “no sustituye lo ya existente ni impone conducta”.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable e irreversible, con sufrimiento insoportable y deterioro progresivo de la calidad de vida, no es un delito”, dijo durante su intervención en la Cámara Alta.
Qué establece la ley
La Ley de Muerte Digna garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” y despenaliza la eutanasia en mayores de edad psíquicamente aptos que padezcan enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos insoportables.
El texto especifica que podrán acogerse a esta normativa los ciudadanos uruguayos naturales o legales, así como los extranjeros con residencia habitual comprobada en el país.
El procedimiento deberá realizarse bajo estrictas condiciones:
- El solicitante deberá pedirlo por escrito a un médico, quien verificará su capacidad y su voluntad libre e informada.
- En un plazo máximo de tres días, el profesional informará al paciente sobre los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.
- Un segundo médico independiente deberá confirmar que la persona cumple los requisitos legales en un máximo de cinco días.
- Luego, el paciente deberá ratificar su voluntad en dos entrevistas, la segunda de ellas ante dos testigos sin interés económico en su muerte.
- Finalmente, el médico procederá a cumplir la decisión del paciente.
Plazos y reglamentación
Aunque el Parlamento ya aprobó la norma, la eutanasia no podrá aplicarse hasta que el Poder Ejecutivo la reglamente, en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación.
Posteriormente, se dispondrán 90 días adicionales para constituir una Comisión Honoraria de Revisión, encargada de supervisar los procedimientos y elaborar un informe anual al Ministerio de Salud Pública y a la Asamblea General.
Esa comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
El avance legislativo fue impulsado por organizaciones como Tenemos ELA Uruguay, Muerte Asistida Digna y Empatía Uruguay, que durante años reclamaron la legalización de la eutanasia para personas con enfermedades degenerativas e incurables.
- Uruguay se suma así a la lista de países americanos con normativa vigente en la materia.
- Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 por decisión de su Corte Constitucional y amplió su acceso en 2021 a pacientes no terminales.
- Canadá la legalizó en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo, y Ecuador despenalizó el procedimiento en 2022 por orden de la Corte Constitucional.
- En Perú, una mujer con polimiositis fue la primera persona en recibir eutanasia en 2024, tras una sentencia judicial favorable dos años antes.
Con la nueva ley, Uruguay refuerza su posición como referente regional en políticas de derechos humanos y se convierte en el primer país del Cono Sur en permitir la eutanasia activa por vía legislativa.