La denominada “Operación Guepardo”, una estructura a la que el Ministerio Público acusa de estafar 469 personas con más de 18 millones de dólares mediante falsos proyectos inmobiliarios en las provincias La Altagracia y La Romana está liderada por mujeres.
Son las mujeres quienes tienen, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, un rol predominante en la red, ya sea por su liderazgo directo, participación financiera o vínculos familiares dentro del esquema en el que hay siete mujeres imputadas y dos hombres.
Keylis Sarahi Belfon Arismendi
La venezolana Keylis Sarahi Belfon Arismendi, arrestada esta semana en Medellín, Colombia, es señalada como una de las principales líderes del esquema.
De acuerdo con el procurador fiscal de Antilavado e investigador del caso, Claudio Cordero, Belfon administraba fondos, adquiría bienes con dinero de las víctimas y planificó la fuga de su socia Loany Ortiz Nova hacia Colombia, antes de esconderse ella misma en Venezuela.
Su captura se logró a través de una operación coordinada entre el Ministerio Público, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.
Loany Lismeiry Ortiz Nova
La dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova, también detenida en Colombia en febrero del presente año, es considerada corresponsable del liderazgo de la estructura.
La acusación señala que Ortiz manejaba la cuenta bancaria principal de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, desde donde retiró fondos para transferirlos luego a Belfon Arismendi, con el fin de adquirir bienes muebles e inmuebles producto de la supuesta estafa.
Actualmente, su extradición hacia República Dominicana está en proceso avanzado.
Marisol Nova Nolasco
Marisol Nova Nolasco, madre de Loany, también figura entre las imputadas. Las autoridades sostienen que formaba parte del grupo que facilitó la operativa financiera y logística, utilizando vínculos familiares para reforzar la estructura.
Según los documentos, figuraba como socia de la constructora junto a su hija, Loany Lismeiry Ortiz, pese a no tener experiencia en construcción ni respaldo económico, y habría adquirido bienes, incluido un Jeep Grand Cherokee Laredo cuya compra no puede justificar, con fondos provenientes de la estafa
Rocío Rodríguez de Moya
Rocío Rodríguez de Moya, según el Ministerio Público, su rol consistía en cobrar comisiones y enlazar la campaña de la empresa Remax One para un proyecto inmobiliario de gran escala, junto con los dos hombres implicados en la trama, Yves Alexandre Giroux y el abogado Javier Ulloa.
Este último, según la acusación, se encargaba de presionar a las víctimas para que no solicitaran la devolución del dinero, utilizando diversos subterfugios y manteniendo la esperanza de que el proyecto sería desarrollado.
Astrid Ridelys Bello
Presente también en el expediente, Astrid Ridelys Bello, de nacionalidad venezolana y con cedula dominicana, promocionaba el proyecto de Bávaro Victoriana. Además, durante un allanamiento, se le ocuparon documentaciones relacionadas a su relación con la empresa de fachada, Novasco Real Estate SRL., y que fungía como agente inmobiliario de los proyectos.
El ministerio también señala que Astrid recibió más de 100 mil dólares de comisiones, los cuales, fueron parte de los dineros entregados por las víctimas, con el objetivo de apartar sus apartamentos y poder lograr su sueño, de tener una casita para poder vivir.
Samayra del Rosario Barreto
Entre las implicadas destaca Samayra del Rosario Barreto, hija del extraditado por narcotráfico Toño Leña. Las autoridades la describen como una de las voces principales para atraer víctimas, presentándose como parte de los proyectos ficticios y recibiendo sumas significativas de la cuenta empresarial: más de RD$2,359,932, de los cuales devolvió parte a los cabecillas.
Además, motivaba a los compradores con información falsa sobre avances de obras y mantenía comunicaciones destinadas a evitar que retiraran su inversión.
Asimismo, el proyecto Bávaro Victoriana Residences, era manejado directamente por la empresa de fachada Novasco Real Estate y la imputada Samayra del Rosario, quien, de manera “habilidosa”, siempre de acuerdo con el Ministerio Público, promovía un proyecto con amenidades impresionantes.
También monitoreaba a los compradores, enviar informaciones por correo electrónico o de manera personal y de establecer una estrategia junto al abogado para la presión de no retirarse o de haber sanciones cuestionables.
Loana Paola Guerrero
Loana Paola Guerrero integra el grupo de mujeres imputadas, figura como contable, tenía a su cargo la gestión financiera de la empresa fachada, incluyendo el manejo de entradas y salidas de dinero, la administración de cuentas bancarias y la coordinación de transacciones vinculadas a la estafa.
El expediente revela que las víctimas aportaron audios que la incriminan directamente como parte activa de la red, y se le atribuye la adquisición de vehículos y bienes que no se corresponden con sus ingresos formales, lo que la coloca en el núcleo operativo de la estructura criminal.