El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este pospuso para el domingo 7 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de medidas de coerción contra Francisco Alberto Paulino Castro, exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y los demás acusados en el caso Operación Kraken.
El aplazamiento fue concedido con el objetivo de que los abogados defensores tengan tiempo suficiente para analizar los elementos probatorios depositados por el Ministerio Público.
Durante la sesión, la defensa de varios de los encartados expresó que la solicitud de medidas no cuenta con evidencias sólidas que establezcan vínculos directos entre sus representados y los hechos imputados.
El Ministerio Público sostuvo que las acusaciones se fundamentan en una investigación exhaustiva y que las pruebas aportadas son suficientes para sustentar la implicación de cada persona involucrada.
El juez Pedro Medina indicó que, una vez los abogados tengan acceso completo al expediente, el tribunal podrá valorar de forma adecuada la participación de los acusados.
El jurista Iván Mateo, en representación de la defensa, alegó que el expediente carece de documentación clave, como grabaciones u otros registros, y afirmó que sus defendidos solo ofrecieron servicios en las fechas señaladas sin estar involucrados en actividades ilícitas.
Sobre la Operación Kraken
Operación Kraken es una investigación que involucra una estructura delictiva acusada de utilizar las instalaciones del Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, para ingresar drogas al país con destino a mercados internacionales.
Las autoridades detectaron las primeras incautaciones asociadas a este grupo en 2015, incluyendo el decomiso de cocaína oculta en una furgoneta con compartimientos ocultos, el 2 de junio de ese año.
Desde entonces, se han realizado múltiples decomisos de narcóticos ocultos en contenedores de exportación, lo que permitió identificar patrones operativos de la red.
Modus operandi
- Las pesquisas, realizadas en coordinación con organismos nacionales e internacionales, revelan que el grupo contaba con la participación de empleados del puerto, agentes de seguridad privada, transportistas y operadores de carga.
- Los estupefacientes eran introducidos en vehículos o contenedores usando caletas o compartimentos modificados. Además, se falsificaban los sellos de los contenedores para evitar ser detectados durante las revisiones de seguridad.