El Código Procesal Penal avanza con celeridad en el Congreso ante el vencimiento del plazo fijado por el Tribunal Constitucional para aprobar la pieza antes del 11 de diciembre, mientras crecen en el Poder Legislativo las críticas por el supuesto poder que otorgaría al Ministerio Público.
Tras ser aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el proyecto regresará al Senado —cámara de origen—, que solo podrá aceptarlo o rechazarlo sin introducir modificaciones, aun cuando han surgido inquietudes sobre artículos sensibles.
La pieza fue aprobada ayer miércoles en la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos que señalan que concede atribuciones “excepcionales” al Ministerio Público y reduce garantías para la ciudadanía.
Los artículos que generan preocupación en el Congreso se refieren al peritaje que podría realizar el Ministerio Público, a los plazos de los procesos judiciales, a los acuerdos y a las acusaciones. Aun así, el proyecto avanzó debido a que el Congreso solo dispone de una semana para aprobarlo en su totalidad.
Carlos de Pérez, diputado de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el proyecto se aprobó con la intención del Poder Ejecutivo de tenerlo listo en el menor tiempo posible y denunció que la versión enviada por el Senado era, a su juicio, un código con “una orientación policial”.
Explicó que en la Comisión de Justicia se habían logrado avances que posteriormente fueron revertidos por el oficialismo en la modificación aprobada en segunda lectura.
El diputado de La Romana consideró que el resultado final elimina derechos ciudadanos y coloca al Ministerio Público en “una posición desproporcionada”, con facultades excepcionales como realizar acuerdos en fases avanzadas del proceso, prescindir de la lectura íntegra de la acusación y ejecutar acciones que, según él, podrían aumentar el número de personas afectadas cuando el código entre en vigencia.
El diputado Charlie Mariotti Jr., del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que buscaba un proyecto equilibrado para todas las partes del proceso penal, pero sostuvo que la versión aprobada rompe ese balance.
Señaló que atribuciones que históricamente habían sido deficiencias del Ministerio Público ahora quedan consagradas en la ley, por lo que votó en contra junto con legisladores del PLD, la Fuerza del Pueblo e incluso algunos del PRM.
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Defensa al proyecto
Desde el oficialismo, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara Baja, defendió uno de los puntos más polémicos: el peritaje realizado por el Ministerio Público.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la institución estaría facultada para realizar peritajes en la etapa inicial de un proceso judicial. Ese cambio fue introducido en la segunda discusión, ya que en la primera —realizada el martes— el peritaje solo podía ser autorizado por un juez.
Díaz explicó que, en casos como la violación sexual, se requieren diligencias urgentes, como la recolección de evidencia biológica antes de aplicar retrovirales a la víctima, quien podría haber sido expuesta a enfermedades. Agregó que esperar una autorización judicial podría hacer que el plazo venza sin resultados. Por esa razón, justificó que el peritaje preliminar quede en manos del Ministerio Público, con control judicial posterior una vez el proceso sea judicializado.
También del PRM, Eugenio Cedeño explicó que inicialmente se pretendía permitir que la simple solicitud de una medida de coerción interrumpiera la prescripción del proceso penal, lo que habría otorgado al Ministerio Público la capacidad de extender indefinidamente un caso mediante solicitudes sucesivas.
Consideró que esto creaba “un poder excesivo” y celebró que esa facultad fuera eliminada en la aprobación en segunda lectura. Cedeño criticó que se intentara revertir lo aprobado en primera lectura y llamó a respetar lo consensuado para evitar convertir el trabajo legislativo “en una imposición externa” de la Procuraduría.
A su juicio, la ley debe ajustarse a la realidad del país sin otorgar “ventajas indebidas” a fiscales que podrían actuar con discrecionalidad.
La prisa
José David Báez, diputado de la Fuerza del Pueblo, sostuvo que el Gobierno debió impulsar con mayor agilidad la discusión del proyecto para evitar la premura actual y consideró que el retraso legislativo es consecuencia de la falta de iniciativa del Poder Ejecutivo.
Afirmó que la oposición se vio obligada a evaluar la pieza de manera global, pese a rechazar varios artículos, para evitar un vacío que obligara al país a regresar a un código anterior. Criticó también que los diputados recibieran orientaciones constantes desde la Procuraduría General de la República en asuntos que, en su opinión, requerían mayor consenso y análisis.
En la misma línea, Ramón Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), recordó que desde finales de 2024 el Tribunal Constitucional había ordenado revisar el Código Procesal Penal y que, aun así, se esperó hasta el último momento para aprobarlo.
Raposo reconoció que la pieza debía ser aprobada, pero sostuvo que el procedimiento apresurado “genera descontento social” y que es probable que pronto surjan nuevos proyectos de ley para corregir aspectos que no fueron ajustados durante el debate.
Aspectos técnicos aprobados
El proyecto incluye una reestructuración del artículo 150 sobre el cómputo del plazo procesal. La nueva versión elimina la fórmula anterior y establece que el plazo inicia con la imposición de medidas de coerción o cautelares.
Define también con mayor precisión la conducta dilatoria del imputado y especifica que las estrategias de los abogados no podrán considerarse tácticas dilatorias para prolongar un proceso judicial. Además, añade que la conducta de un imputado no afectará a coimputados que hayan actuado diligentemente.
El proyecto restituye igualmente la facultad del Ministerio Público de ordenar peritajes en la etapa preparatoria, manteniendo el diseño original del código. Aunque diputados como Cedeño o De Pérez consideran que esto otorga un poder excesivo a la Procuraduría, legisladores como Amado Díaz argumentan que esta medida agiliza investigaciones sensibles.
El Senado, sin margen
Con la aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el Senado deberá decidir antes del 11 de diciembre si ratifica o rechaza el texto, ya que la Constitución le impide introducir cambios.