Prisión preventiva y arraigo: algunas de las modificaciones más polémicas del Código Procesal Penal

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Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo.– Entre las modificaciones aprobadas este viernes por el Senado a la Ley Orgánica del Código Procesal Penal (CPP) se incluyen cambios en 60 artículos, que abarcan ajustes a los plazos para ejercer derechos y recursos, la ampliación de los presupuestos de arraigo y nuevas regulaciones sobre medidas de coerción.

De igual forma, el fortalecimiento del derecho de defensa, la precisión del concepto de juez natural, la ampliación de garantías vinculadas a la libertad, la integridad personal y el debido proceso, así como disposiciones destinadas a agilizar los procedimientos y adecuar el sistema al nuevo Código Penal.

La pieza también establece la acción inmediata de las normas procesales, salvo cuando perjudiquen al imputado, incorpora mecanismos para acuerdos en todas las etapas del proceso y homologa terminologías conforme al Código Penal, tomando como base el principio de mínima intervención penal.

FINJUS cuestiona el nuevo CPP

De su lado, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró que estas modificaciones generan serias preocupaciones, especialmente porque varias disposiciones podrían provocar que la prisión preventiva se aplique casi automáticamente, contrariando su carácter excepcional.

Según la entidad, el nuevo Código facilita este escenario al ampliar los criterios de arraigo, flexibilizar los requisitos para imponer coerción y reforzar la discrecionalidad del Ministerio Público, lo que, a su juicio, puede afectar la presunción de inocencia y aumentar la población privada de libertad sin condena.

El Vicepresidente del FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó previo a la aprobación del Código Procesal que este contiene problemas estructurales, incluyendo posibles afectaciones al debido proceso, dudas sobre la suspensión de la prescripción y un evidente desequilibrio procesal a favor del Ministerio Público.

Por estas razones, entendiû que el debate debió posponerse y que el Congreso debió retomar la versión del CPP aprobada en 2015 antes de introducir cambios de esta magnitud.

“Aquí no estamos modificando una ley de alquileres…”

Al enfatizar la profundidad del impacto de esta reforma, Castaños Guzmán subrayó: “Aquí no estamos modificando una ley de alquileres, una ley de embargo repetitivo. Estamos modificando probablemente el texto más importante después de la Constitución. Si todos estuviéramos de acuerdo, no habría ningún problema. El problema es que no nos hemos podido poner de acuerdo.”

En ese sentido insistió: “El código requiere que lo ajustemos, claro que sí, pero no de esa forma.”

Pasa al Poder Ejecutivo

Tras su aprobación unánime por los 28 senadores presentes, el proyecto de modificación del Código Procesal Penal será remitido al Poder Ejecutivo, quien deberá decidir su promulgación o eventual observación.

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