El Seguro Nacional de Salud (Senasa) reiteró este domingo su compromiso de mantener la continuidad de los servicios para sus más de 7.4 millones de afiliados, a través de una amplia red de prestadores que, asegura, sigue operando con normalidad en medio del escándalo desatado por el caso de presunta corrupción en la entidad, el cual ya está en la justicia.
Según la entidad, su red actual incluye 7,812 médicos independientes, 301 clínicas, 185 hospitales, 460 centros especializados, 147 laboratorios, más de 50 centros de imágenes, 979 farmacias habilitadas y 103 centros de atención primaria, garantizando así cobertura para consultas, diagnósticos, tratamientos, cirugías, medicamentos y atención especializada en todo el territorio nacional.
La institución, dirigida por Edward Rafael Guzmán Padilla, reiteró que continúa trabajando en el fortalecimiento de sus procesos internos y en ser más eficiente, más cercana y enfocada en ofrecer una experiencia confiable y moderna al usuario.
«En este marco, avanza la integración de nuevas plataformas tecnológicas para agilizar autorizaciones, facilitar servicios de autoservicio y optimizar los tiempos de respuesta en áreas como la dispensación de medicamentos», refirió en una nota de prensa.
- «Junto a su red de prestadores, en los últimos tres meses, el Seguro Nacional de Salud autorizó más de 26 mil servicios, por un valor estimado que supera los 19 mil millones de pesos, lo que refleja mayor capacidad de respuesta y la búsqueda de mejora continua de la atención sus afiliados», acotó en una nota de prensa.
Senasa insistió este domingo en que ningún tratamiento, procedimiento o proceso en curso será suspendido, garantizando la cobertura médica a sus afiliados, en medio del esfuerzo institucional por sobreponerse al escándalo y recuperar la confianza pública.
Escándalo por presunto desfalco millonario
No obstante, desde hace semanas la institución enfrenta una serie de denuncias e investigaciones judiciales por un presunto esquema de desfalco y corrupción interna.
- El Ministerio Público, en una operación bautizada como Operación Cobra, arrestó a ocho personas, entre ellas el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy — señalado como presunto responsable de montar un sistema fraudulento que habría autorizado pagos por servicios médicos nunca prestados.
Según la acusación, durante años habría operado un mecanismo irregular: contratos con empresas privadas para proveer atención médica bajo modalidad fija, autorizaciones gestionadas desde un “call-center paralelo”, facturaciones por servicios no realizados y manipulación de contabilidad para ocultar movimientos, lo que derivó en un desfalco millonario al erario público.
Ante la gravedad del caso, el presidente Luis Abinader pidió que Senasa se constituya como actor civil para recuperar hasta el último peso desviado, y reafirmó su política de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Mientras las investigaciones avanzan —con al menos 40 personas interrogadas por la Procuraduría y la supervisión de instituciones de control — las autoridades aseguran que la prestación de servicios continuará sin interrupciones, y que se adoptan medidas para fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y auditoría interna. Hasta ahora hay ocho personas detenidas.