«Hola. La red nos secuestró. Por favor, llamen a la policía«. Este angustiante mensaje, que recibieron los clientes de un punto de venta de droga en Marsella, refleja la dificultad en Francia para atajar el reclutamiento de adolescentes por narcotraficantes.
«A menudo tenemos menores víctimas de violencia muy grave, secuestrados, multados, que ya no logran salir de las redes», pero «se impone la ley del silencio, nadie denuncia», explica a AFP el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, quien ya no duda en hablar de trata de seres humanos.
Francia registró en los últimos años una fuerte violencia vinculada al tráfico de drogas, con 110 muertos y 341 heridos sólo en 2024. La ciudad de Marsella, a orillas del Mediterráneo, simboliza este drama.
Desde poco antes de la pandemia de covid-19, cientos de adolescentes, a menudo en conflicto con sus familias, «trabajan» en la segunda ciudad de Francia reclutados en las redes sociales. Algunos vienen desde otros puntos del país.
«Les hacen creer que es el trabajo soñado, pero 100 euros (117 dólares) por vigilar de 10H00 a medianoche es explotación«, señala una activista, que pide el anonimato por el clima de miedo surgido tras el asesinato del hermano de otro militante antinarco en noviembre.
Violaciones
Hakim (pseudónimo) lo sabe. A finales de 2020, se trasladó de la región de París a Marsella y las cosas se torcieron rápidamente. Su caso es uno de los pocos que dieron lugar a acciones judiciales, porque las víctimas casi nunca denuncian.
Apenas unos días después de su llegada, se abalanzó sobre unos policías que patrullaban en la barriada de la Busserine, en los empobrecidos barrios del norte de Marsella, y les pidió que lo sacaran de allí.
Aunque llegó a la ciudad por voluntad propia, al entonces adolescente de 15 años le quitaron muy pronto el celular y lo obligaron a dormir en casa de una casera «muy tacaña», donde disponía de un cuenco de agua para lavarse y una galleta para compartir, contó a los investigadores.
Su misión era vigilar y gritar «ara» cuando llegaba la policía. Pero con el argumento de que falló al dar una alerta, se descargó rápidamente sobre él un torrente de violencia.
El responsable del punto de venta de droga, apenas mayor y cuyo nombre no conocía, le dijo mientras lo amenazaba con un cuchillo: «¿Qué estarías dispuesto a hacer par seguir con vida? ¿Estarías dispuesto a chupármela?».
Hakim fue violado y le hicieron creer que lo grababan para que guardara silencio.
A inicios de febrero, otro caso similar llegará a los tribunales. Los hechos tuvieron lugar en otra barriada, la de Frais-Vallon, en 2022, cuando dos chavales son acusados de «un agujero» de 500 euros (587 dólares) en la caja.
En las bolsitas de droga que entregan a los clientes, deslizan papelitos: «Hola. La red nos secuestró. Por favor, llamen a la policía. Nos obligan a vender gratis desde hace 1 mes y nos apalean con barras. Por favor, llamen a la policía, necesitamos ayuda (tenemos 15 años)».
Ambos terminaron saltando desde el segundo piso del apartamento donde estaban retenidos y los bomberos los recogieron gracias a la llamada de un transeúnte.
Esta brutalidad empieza a extenderse ahora hacia los familiares, violando incluso a una «hermana» para forzar a alguien a rembolsar o trabajar más, explica el director de un establecimiento que acoge a menores delincuentes.
Cambio de enfoque
Ante este fenómeno, en el que los torturadores a veces han sufrido ellos mismos vejaciones, la justicia está operando un cambio de enfoque significativo, al poner la mirada en su explotación por las organizaciones criminales en lugar de verlos sólo como delincuentes.
«Llegaban voluntariamente diciendo ‘voy a entrar en una red’, y enseguida se desengañaban, puesto que realmente eran tratados como esclavos», explica Isabelle Fort, que dirige el polo de criminalidad organizada en la fiscalía de Marsella.
Unicef advirtió en julio que «es contrario al derecho internacional que los niños víctimas de explotación criminal sigan siendo objeto de procesos y sanciones penales en Francia en lugar de ser considerados y atendidos como víctimas».
En Bélgica o en el Reino Unido, leyes recientes establecen «que las víctimas de la trata no deben ser castigadas por delitos cometidos bajo coacción», señala este organismo de la ONU para la infancia.
En enero, el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, recomendó abordar estos casos «desde el ángulo de la represión de la trata de seres humanos«, figura jurídica reservada habitualmente a los casos de proxenetismo y mendicidad forzosa.
La fiscalía de Marsella abrió una decena de investigaciones que incluye este ángulo, anunció a AFP.
Sin embargo, la fiscal adjunta Céline Raignault advierte contra «desreponsabilizar por completo a los jóvenes que vendrían al sol de Marsella, porque se paga mejor que en otros lados».
Pero sin alternativas para alejar a estos menores del narcotráfico, surgen dudas de la eficacia de este cambio de paradigma.
Para el director de establecimiento, «habría que llevarlos al campo y volver a considerarlos como niños», hacer cosas sencillas con ellos, juegos de mesa, cocinar, para sacarlos de un modo de funcionamiento basado en la violencia.
