Una ola de activistas feministas encara la amenaza que pone en jaque el aborto libre en Puerto Rico, tras la reciente decisión de la gobernadora, Jenniffer González, de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural.
Alondra del Mar Hernández, abogada afrofeminista y miembro de la organización Aborto Libre Puerto Rico, indicó a EFE que «esto va a ser una herramienta de manipulación que las personas, los hombres particularmente, van a estar utilizando en contra de las mujeres».
Hernández ve un indicio de «criminalización» en la nueva ley, que busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para clarificar que el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade‘, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos han fracasado.
La diferencia, según alegan los expertos, es que bajo la Constitución federal el aborto no es un derecho fundamental, pero en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., está protegido por el derecho constitucional a la intimidad.
Hernández detalló que con esta nueva medida, impulsada por varios senadores conservadores, el no nacido «podría ser beneficiario de derechos laborales, de derechos patrimoniales como las donaciones«.
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Legislación similar en estados de EE. UU. que prohíben el aborto
Patricia Otón, también abogada e integrante de Aborto Libre Puerto Rico, denunció que esta medida fue aprobada «apresuradamente», sin vistas públicas e impacta «todas esas áreas del derecho y no fue estudiado».
«Es que además en EE. UU., mayormente los estados del sur, donde tienen las leyes más restrictivas sobre aborto, tienen legislación de este tipo en la que reconocen personalidad jurídica al no nacido«, precisó Otón.
Un ejemplo de ello está en el estado de Georgia, donde la ‘LIFE Act (Living Infants Fairness and Equality Act)’ establece personalidad jurídica para el no nacido, mientras que otras medidas parecidas rigen en la legislación en Ohio o Texas.
Al respecto, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, criticó esta semana que la ley lo que persigue es «añadir un tramo más al camino que conduce a la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida».
Antes de la firma de la ley, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico hicieron un llamado urgente a la gobernadora para que rechazara el proyecto por considerarlo «un riesgo para la vida de mujeres y personas gestantes» al retrasar decisiones médicas urgentes.
En una carta, advirtieron que el proyecto podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes en casos como embarazos ectópicos, hemorragias masivas o diagnósticos de cáncer durante etapas tempranas del embarazo.
Malas condiciones tanto para abortar como para parir
La activista Hernández, celebra que en Puerto Rico el aborto sigue siendo legal pero apunta que no es accesible fácilmente por los altos costes y la escasez de clínicas, ya que solo hay cuatro y todas están ubicadas en el área metropolitana.
Por otro lado, Mayra Díaz, directora de la organización antirracista Colectivo Ilé, aseveró que en Puerto Rico las condiciones en las que se gesta y se pare son «terribles».
Díaz explicó que «no hay suficientes salas de parto«, citando que muchos de los 78 pueblos no tienen paritorio, entre ellos la isla municipio de Vieques.
«Aquí hay mucha violencia obstétrica. Aquí las mujeres hacen lo que pueden por gestar y parir de una manera digna y segura», denunció.
La violencia obstétrica es violencia física y psicológica en la que se «insulta, maltrata, agrede, engaña, infantiliza, mutila y hiere» a las mujeres durante el parto o posparto, según reconoció la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2014.
Díaz lamentó que, en Puerto Rico, de «tantas cosas que se pueden legislar en pro de la supuesta defensa a la vida, optan por seguir criminalizando a las personas con capacidad de gestar».