El Ministerio Público solicitó el fin de semana prisión preventiva, como medida de coerción, contra el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró debido a amenazas de muerte y violencia contra su pareja, en hechos del cinco de diciembre del 2025 en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

La pareja de Rodríguez Consoró es una jueza y se querelló contra él. La solicitud de coerción fue aplazada para el próximo martes.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por Pamela Patricia Genao Guerrero, fiscal adscrita a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Según la fiscalía, registros audiovisuales incorporados al proceso registran que el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia. De acuerdo al documento, días después, Rodríguez Consoró reiteró “expresiones amenazantes relacionadas con causar la muerte a la víctima”, y las comunicó de forma directa “a un familiar cercano”.

Agrega el órgano acusador que, acorde al informe psicológico forense, emitido el 26 de diciembre de 2025, como consecuencia de estas acciones, la víctima presenta “afectaciones psicológicas que incluyen ansiedad y alteraciones del sueño que impactan su desenvolvimiento cotidiano”.

El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal E, del Código Penal Dominicano, relativos a la violencia intrafamiliar agravada.

Un juez polémico

No es la primera vez que el nombre de Juan Francisco Rodríguez Consoró se encuentra en medio de la controversia.

En abril de 2023, el Consejo del Poder Judicial destituyó a Rodríguez Consoró acusándolo de faltas graves en el ejercicio de sus funciones como juez del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.  

Previo al anuncio, en noviembre de 2022, el Consejo le suspendió de su cargo.

En ese año, una investigación disciplinaria advirtió que el entonces juez aceptó o recibió, “directa o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas como pago de servicios inherentes” a las funciones que desempeñaba.

Además, la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial le acusó de interceder para favorecer a su cuñado en el proceso de allanamiento realizado por el caso del narcotraficante César Emilio Peralta (El Abusador). 

La acusación de la Inspectoría también estableció que Rodríguez Consoró recibió US$20 mil para liberar al imputado Sidney Rafael Matías Pérez, alias El Fuerte (vinculado a la red Falcón). 

Además, la resolución del Poder Judicial indicaba que la mano derecha del magistrado en el 2020, recibió ingresos en cuentas bancarias por más de cuatro millones de pesos que incluían RD$684,150, depositados en un mismo día en dos partidas.

Denunció campaña de descrédito

Tras la acusación, Consoró denunció una “campaña de descrédito” en su contra por parte de miembros del Ministerio Público, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, y el Consejo del Poder Judicial. 

«A la comunidad jurídica nacional, por este medio informó que el Consejo del Poder Judicial, ordenó mi destitución, en primera instancia, sin fundamento probatorio, violando mis derechos, basados en mentiras y calumnias, parte del Ministerio Público y enemigos a lo interno», señaló el magistrado en sus redes sociales.

Destitución y nuevo proceso en su contra 

En junio de 2025, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  anuló la sentencia número 0030-1642-2024-SSEN-00076, dictada el 26 de febrero de 2024 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, que dispuso la destitución de Rodríguez Consoró. 

La alta corte ordenó un nuevo proceso contra el imputado de irregularidades dentro de la judicatura.

A Rodríguez Consoró lo sometieron a investigación disciplinaria luego de que exonerara de toda responsabilidad penal, como juez suplente del Sexto Juzgado de Instrucción, a cinco imputados en el caso de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.

En ese entonces, el Ministerio Público apeló la decisión de la Suprema y la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó el fallo de forma parcial, manteniendo el no ha lugar para cinco imputados, pero revocándolo respecto a otros encartados.

Este caso continúa pendiente en la SCJ.