Arranca la recta final del caso Coral y Coral 5G: Ministerio Público pide condenas

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Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo.- Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron inicio este jueves a la continuación del juicio contra los imputados en el entramado de corrupción de los casos Coral y Coral 5G, con la reanudación de las conclusiones del Ministerio Público, que solicita condenas para los involucrados.

La jueza presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, comprobó la presencia de todas las partes en la sala y ordenó al Ministerio Público continuar con la presentación de sus argumentos finales, en los que sostiene que las pruebas aportadas demuestran la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

La audiencia comenzó a las 2:10 de la tarde y se espera que el Ministerio Público concluya la exposición de sus conclusiones, para luego dar paso a los discursos finales de los abogados defensores.

El tribunal aplazó el conocimiento del proceso para el 10 de febrero, fecha en la que las defensas iniciarán la presentación de sus conclusiones. Para tales fines, la magistrada notificó un calendario que establece los días y horarios asignados a cada abogado para exponer sus argumentos.

Una vez concluidas las exposiciones de todas las partes, el tribunal reservará el fallo a fin de estudiar el expediente y evaluar las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas en los casos Coral y Coral 5G.

Según la acusación, los principales cabecillas del entramado son los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiou, quienes presuntamente desviaron fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias y combustibles, así como el nombramiento de militares y policías a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, apropiándose del resto.

También figuran entre los imputados el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de brigada Boanerges Reyes Batista, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, además de José Manuel Rosario Pirón, Epifanio Peña y Carlos Lantigua, entre otros.

Por su parte, los imputados y sus abogados afirmaron ser inocentes de los cargos formulados por el Ministerio Público, asegurando que su patrimonio es producto de su trabajo.

De acuerdo con la acusación, los implicados incluidos militares y policías de alto rango habrían defraudado al Estado dominicano por miles de millones de pesos mediante una estructura de corrupción que operaba desde el CUSEP y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

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