La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves el recurso de apelación a la medida de coerción interpuesto por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados de presunta corrupción administrativa, para que le variaran la medida coercitiva.
Hazim y otros seis imputados cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal por más de 15,900 millones de pesos.
«Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados», dice la sentencia que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 a.m.
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El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los motivos que dieron origen a la decisión adoptada previamentepor el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Al analizar el peligro de fuga, la corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley.
En ese sentido, el tribunal confirmó íntegramente la resolución que impone prisión preventiva a los acusados.
Administración de justicia
A su salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como “contrario a los intereses de la administración de justicia”, tras mantenerse las medidas de coerción contra los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes continúan bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Hernández había interpuesto un recurso con el objetivo de que los imputados fueran enviados a prisión preventiva.
El jurista sostuvo que la decisión favorece la impunidad de tres empresarios que, según afirmó, habrían recibido de manera conjunta alrededor de 16,000 millones de pesos en el presunto entramado de corrupción.
“Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político”, manifestó.
Anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo es “inconstitucional y abusivo”, por limitar —según explicó— el derecho de la víctima a recurrir en apelación y a solicitar prisión preventiva contra los principales beneficiarios del proceso.
Sobre el caso
Según el Ministerio Público, la estructura operó entre 2020 y 2025 y habría defraudado al Estado por un monto superior a los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
Los acusados
Además de Hazim, están acusados de las irregularidades financieras en el seguro estatal Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera, esta última recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
En tanto que a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.