El Gobierno dominicano emitió su posición respecto al comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de febrero de 2026, sobre las políticas migratorias adoptadas por el país.

En su respuesta, el Estado afirma que mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanos, al mismo tiempo que asegura el cumplimiento de su marco legal interno en materia migratoria.

El gobierno señaló que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, que ha generado un flujo migratorio sostenido hacia el país. Destacó que República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada frente a esta situación.

Asimismo, recordó que, en ejercicio de su soberanía, el Estado tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas, conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.

El comunicado subraya que las medidas adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, evitando impactos negativos en la cohesión social y en los servicios públicos.

Por esta razón, el Gobierno rechazó el llamado de la CIDH a aplicar el principio de no devolución de manera general, argumentando que esto implicaría aceptar la entrada de cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar de forma irregular al país.

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En su comunicado, el Estado afirma:

“República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, fija su posición de manera clara y responsable, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno”.

El gobierno señaló que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva regional, debido a la crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití, que ha generado un flujo sostenido hacia el país. Según el comunicado:

“La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras”.

En cuanto a la soberanía del país, el Gobierno recordó:

“En ejercicio de su soberanía, República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal”.

El comunicado también subraya que las medidas adoptadas buscan gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario:

“Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”.

Finalmente, sobre la aplicación del principio de no devolución, el Gobierno aclaró:

“Rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aún irregularmente, a nuestro territorio”.