Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
El abogado de uno de los querellantes contra los administradores de la empresa Barra Payán, imputados de sustraer cerca de RD$40 millones de la compañía, recusó este domingo a la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, alegando parcialidad en el proceso.
Luego de que el abogado de la querellante presentó la recusación contra la magistrada, esta decidió aplazar el conocimiento de la medida de coerción a tres administradores de la empresa, Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera, sin fecha fija, a fin de remitir la recusación a la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que se apodere una sala y sus jueces decidan si la misma tiene mérito o no para ser acogida.
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Se desconoce el nombre del abogado de la querellante que presentó la recusación contra la jueza Fátima Veloz.
En caso de que la recusación no sea acogida, la jueza Fátima Veloz podrá conocer la solicitud de medida de coerción contra los administradores de Barra Payán. De ser acogida, entonces se designará un nuevo juez o jueza para conocer el proceso. Dicha designación deberá realizarla la jueza coordinadora de los juzgados de esa jurisdicción, Kenya Romero.
El Ministerio Público solicita como medida de coerción el pago de una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica contra los tres administradores de la empresa Barra Payán: Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador, se establece que los imputados, durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022, cometieron abuso de confianza en perjuicio de los propietarios y otros socios de la empresa, logrando un desfalco ascendente a RD$39,784,661.18, monto que fue detectado tras la realización de una auditoría.
El modus operandi de los administradores consistía en no depositar la totalidad del dinero producto de las ventas en las cuentas de la empresa, registrándose cada año diferencias significativas entre los cuadres manuales realizados por las cajeras y los montos finalmente depositados en las cuentas corporativas.
A través de estas acciones, los imputados habrían logrado distraer fondos y activos de la empresa Barra Payán por una suma cercana a los 40 millones de pesos.
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