Imputados de presunto fraude de Barra Payán permanecerán detenidos

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Los imputados en el presunto desfalco del negocio de comida Barra Payán —dos de ellos hermanos y socios del emblemático negocio— permanecerán detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que la Corte de Apelación decida sobre la recusación por parte este domingo de uno de los querellantes contra la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los apresados son los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García, y Dagoberto Cabrera, este último el financiero. Los tres fueron arrestados el pasado jueves.

Según uno de los abogados de los imputados, Francisco Domínguez Abreu, explicó que un abogado de la parte acusadora recusó a la jueza porque “se dignó a escuchar un pedimento de prescripción que le planteó la barra de la defensa de los imputados”. 

Con esta recusación, que según uno de los abogados se trata de una “litigación temeraria”, buscan retrasar el proceso e incluso apartar a la jueza del proceso porque “existen razones” que pueden afectar su imparcialidad. 

“Cuando yo recuso a un juez y yo no pruebo de que ese juez ha violado la ley ante la corte, eso trae consecuencia y esa consecuencia ustedes la van a ver en los próximos años”, explicó el abogado. 

El Ministerio Público solicitó la libertad de los imputados a través de una compañía aseguradora con una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Sin embargo esta solicitud queda en pausa hasta que la corte de apelación decida sobre la recusación. 

Un problema de herencia

El abogado Domínguez Abreu afirmó que no se trata de un desfalco sino de diferencias familiares

“Una de las imputadas le dijo a la magistrada: yo lo que quiero que aquí se haga la justicia, porque esto es una partición de herencia y lo que yo quiero es que la justicia intervenga para que me den lo que a mí me corresponde”, expuso. 

  • Agregó: “No hay violación penal tampoco en el fondo de ese proceso, por Dios. Pero es una fábula, es un sofisma, eso no existe y lo demostramos con todos los elementos de prueba que tenemos”. 

Según Domínguez Abreu, las partes han sostenido casi cuatro años un proceso de conciliación, sin que se haya logrado un acuerdo definitivo.

Los denunciantes exigen que se transparenten los ingresos reales del negocio y se dividan equitativamente las ganancias generadas por las ventas de Barra Payán, conforme a su participación societaria.

“No representan un peligro”

El abogado Luis Alberto Arias García, representante de los hermanos imputados Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García, aseguró que ninguno de los encartados representa ningún peligro de fuga. 

  • “Aquí los elementos de prueba son sumamente débiles, para no decir ausentes”, expresó. 

“Aquí nunca se ha ventilado un pedimento de prisión preventiva, es importante. O sea, el Ministerio Público practica un arresto en medio de una cuarta vista de conciliación en un proceso donde los encargados nunca se han ausentado y luego que practique el arresto le pide garantía económica y presentación periódica”, explicó. 

Al ser cuestionado sobre cuándo se retomará el conocimiento del proceso dijo: “No hay ninguna fecha ahora mismo, hay que esperar que la recusación se decida por la corte para que se conozca la medida de coerción que está pidiendo el Ministerio Público requiriendo una garantía económica de un millón millón de pesos y la presentación periódica de estos encartados”, explicó. 

Imputación del Ministerio Público

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, el presunto desfalco consistía en no depositar la totalidad del dinero de las ventas en las cuentas de la empresa, evidenciándose diferencias significativas cada año entre los registros manuales de las cajeras y los montos efectivamente depositados. 

El Ministerio Público sustenta la acusación en un Informe de Auditoría Forense, fechado el 10 de mayo del 2025, practicado por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, contador público autorizado, el cual concluye que los imputados distrajeron fondos y activos de la empresa por un monto aproximado de 39,784,661.18 pesos.

 

 

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