Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO.– Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción solicitó el Ministerio Público contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, investigado por una denuncia de agresión sexual presentada por una paciente que acudió a su centro de salud en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
El conocimiento de la medida fue aplazado para el 23 de febrero por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, con el objetivo de realizar una entrevista a la denunciante mediante el sistema de Cámara Gesell.
De acuerdo con el expediente, los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de nacionalidad haitiana, fue referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en el municipio de Pimentel, para realizarse una sonografía pélvica en el consultorio del imputado.
La acusación establece que, durante el procedimiento médico, el especialista habría incurrido en una conducta inapropiada que derivó en la presunta agresión sexual denunciada por la paciente.
Según el Ministerio Público, tras lo ocurrido la mujer presentó de inmediato una denuncia verbal ante la Policía Nacional, lo que dio lugar al arresto del médico alrededor de las 10:45 de la mañana de ese mismo día.
Las autoridades informaron que, como parte de la investigación, se han recopilado evidencias que, según sostienen, respaldan la denuncia.
Asimismo, indicaron que se encuentran verificando antecedentes del imputado para determinar si existen otros casos similares.
El órgano acusador explicó que los hechos han sido calificados jurídicamente como violación sexual agravada y violencia contra la mujer, conforme a los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, encabezada por la fiscal Sandra Sierra Difó, quien pidió que, en caso de imponerse la prisión preventiva, esta sea cumplida en la fortaleza de la provincia.
El proceso se encuentra en fase preliminar y, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado mantiene sus derechos constitucionales hasta que intervenga una decisión judicial definitiva.
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