El director de la Dirección de Inmigración y Emigración (DIE) de Haití, Antoine Jean Simon Fénélon, junto a otros nueve funcionarios de la entidad, fue dejado en libertad el viernes 27 de marzo de 2026, tras comparecer ante la fiscalía de Puerto Príncipe.

La información fue confirmada este sábado por el periódico local de ese país Le Nouvelliste.

Los 10 empleados habían sido detenidos por la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), bajo acusaciones de presuntamente emitir pasaportes falsificados a ciudadanos extranjeros.

La medida de liberación fue dispuesta por el fiscal de Puerto Príncipe, Jean Fritz Patterson Dorval, quien indicó que el proceso investigativo continúa abierto. Como parte de las condiciones impuestas, los implicados tienen prohibido salir del país.

Según el reporte de Le Nouvelliste, el expediente no ha sido archivado, sino remitido a un juez de instrucción para “que se esclarezca la verdad”.

Argumentos de la defensa y estado del proceso

Durante la audiencia ante el Tribunal de Primera Instancia, Dorval sostuvo que la decisión responde al principio jurídico de que la libertad debe prevalecer sobre la prisión preventiva, a la espera de reunir más pruebas que permitan esclarecer los hechos.

De su lado, la defensa de Fénélon, encabezada por el abogado Armel Rémy, rechazó las acusaciones y cuestionó su base legal. Alegó que el delito de falsificación de pasaportes no está contemplado de manera específica en el código penal haitiano.

• El jurista sustentó su argumento en el principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, que establece que no puede existir delito ni sanción sin una norma previa que lo tipifique. Conforme lo reportado por el medio local.

Asimismo, señaló supuestas inconsistencias en el expediente, en relación con el lugar donde se habría producido el hecho. De acuerdo con la versión recogida por el medio haitiano, el intento de obtener el documento fraudulento ocurrió en Sonapi, mientras que los empleados detenidos laboran en una oficina ubicada en la Villa d’Accueil.

A juicio de la defensa, este elemento debilita las imputaciones, al considerar que los detenidos no habrían tenido participación directa en la emisión del pasaporte cuestionado.

También argumentó que el cargo de conspiración criminal carece de sustento, al tratarse de una figura que requiere la existencia de un delito principal previamente demostrado, lo que —según afirmó— no ha ocurrido en este caso.

Pese a estos alegatos, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por los abogados, por lo que el proceso seguirá su curso en la jurisdicción de instrucción.